La justicia condenó este martes a 11 años de prisión al capitán Carlos Andrés Correa y al patrullero Jhon Fredy Morales por su participación en las interceptaciones ilegales de las comunicaciones de dos ex empleadas de la exjefe de gabinete de la Presidencia de la República, excanciller y hoy embajadora de Colombia ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Laura Sarabia.
Así lo determinó el Juzgado 53 Penal de Conocimiento de Bogotá que los sentenció por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones.
Para llegar a esa conclusión la juez tuvo en cuenta pruebas documentales, testimoniales y técnicas que permitieron establecer que los dos uniformados participación en la manipulación de un informe de inteligencia que llevó a un fiscal de la unidad contra las bandas criminales en el departamento del Chocó a ordenar la interceptación de dos abonados telefónicos que serían de alias “La Madrina” y alias “La Cocinera”, dos señaladas colaboradoras del ‘Clan del Golfo’.
Pero todo era mentira. Esos números pertenecían en realidad a Marelbys Meza, exniñera de la casa de la exjefe de Gabinete; y a otra mujer que cumplió funciones domésticas para la funcionaria.
El pasado 17 de julio el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena contra los policías Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y Dana Alejandra Cañizales Bonilla por su participación en las mismas interceptaciones ilegales.
La investigación determinó que los dos procesados, entonces funcionarios de la Sijín de Bogotá, alteraron documentos oficiales relacionados con un hurto denunciado por Sarabia.
Los informes fueron entregados a la Fiscalía 101 de hurtos y sirvieron como sustento para solicitar la interceptación de las líneas 3013043701, 3138480136, 3212996720 y 3154735920, cuyos usuarios no eran delincuentes, sino Marelbys Meza, Fabiola Perea y sus allegados.
Entre los documentos modificados se encontraba una entrevista a Marelbys Meza, que fue alterada por orden de Quinchanegua. También presentaron un formato de “fuente no formal” en el que se aseguraba falsamente que existía una red delincuencial implicada en el hurto de dólares en un apartamento del barrio La Colina, en Bogotá.
