El Comité Olímpico Internacional anunció una nueva política que redefine los criterios de participación en la categoría femenina de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
La medida establece que las mujeres transgénero no podrán competir en pruebas femeninas y dispone la aplicación de pruebas biológicas y genéticas universales para determinar el sexo de las atletas.
Según el organismo, la decisión se fundamenta en informes científicos que indican que algunas ventajas físicas asociadas a la pubertad masculina podrían mantenerse incluso después de tratamientos de supresión hormonal. Bajo este argumento, el COI sostiene que busca preservar condiciones de equidad en el deporte de alto rendimiento, en medio de un escenario donde distintas federaciones venían aplicando criterios dispares sobre elegibilidad.
Regreso a pruebas biológicas y nuevo liderazgo
Esta determinación se convierte en una de las primeras decisiones de alto impacto bajo la presidencia de la exnadadora zimbabuense Kirsty Coventry. La reglamentación implica retomar prácticas similares a las aplicadas entre 1968 y 1996, cuando se realizaban pruebas cromosómicas para verificar el sexo de las atletas en competencias internacionales.
Dichos procedimientos fueron suspendidos en 1999 tras cuestionamientos sobre su precisión científica y sus implicaciones éticas, especialmente en lo relacionado con la privacidad y la dignidad de las deportistas. Con este nuevo enfoque, el COI plantea una actualización de esos controles bajo criterios técnicos más amplios.
Reacciones y debate global
El anuncio ha generado diversas reacciones en el ámbito deportivo y de derechos humanos. Organizaciones y colectivos han advertido que la implementación de pruebas biológicas universales podría abrir debates sobre la privacidad médica y los criterios para definir la elegibilidad en el deporte.
En discusiones recientes se ha mencionado el caso de la boxeadora Imane Khelif como uno de los antecedentes que influyeron en la revisión de estas normativas, aunque el COI no lo vincula oficialmente a la decisión.
Con esta medida, el COI fija una postura unificada que deberá ser adoptada por federaciones y comités nacionales. La decisión marca un nuevo capítulo en el debate global sobre la participación en el deporte femenino, en un contexto donde el movimiento olímpico busca reglas homogéneas rumbo a Los Ángeles 2028.
