Colombia entra en un año electoral para definir el próximo Presidente y el siguiente legislativo, pero lejos de destacarse las propuestas de los candidatos para los próximos cuatro años, el país está sumergido en un panorama de violencia y de amenazas que sigue escapando del control estatal.
Entidades como la ONU, la Misión de Observación Electoral (MOE) y hasta Indepaz advierten de cifras preocupantes frente a las agresiones contra líderes sociales, mujeres y políticos, en un marco de violencia que resulta ahora ser “mucho más letal”.
Así lo explicó Alejandra Barrios, directora de la MOE, quien ratificó que a pesar de que los hechos de violencia han presentado algunos topes de disminución, los hechos reportados ya traen un nivel de impacto más letal, que se traduce en menos amenazas y más muertos y atentados.
“Sucedían amedrentamientos como ‘entro aquí con un fusil y les digo que terminen de comer, me hacen una fila, firman una lista y salen todos de aquí’. Estos tuvieron una disminución del 24%, pero las acciones armadas aumentan un 30%, donde ya no te estoy amenazando ni te estoy amenazando, te estoy matando. Es un nivel de violencia más letal”, cuestionó Barrios.
El deterioro de la seguridad en pleno ambiente político se nota claramente con los hechos reportados en los últimos días, como lo fue el atentado que sufrió el senador de Cambio Radical y exgobernador del Cauca, Temístocles Ortega, en la madrugada del viernes 14 de noviembre en el sector de El Túnel, a la entrada de Popayán.
Ortega relató que fue víctima de una persecución durante cerca de 15 minutos por parte de dos vehículos, uno adelante y otro atrás, ocupados por entre siete y ocho hombres con armas largas y cortas, quienes le dispararon al menos seis veces a su vehículo blindado.
Este ataque contra Ortega se suma al ocurrido el pasado lunes contra el gobernador de Arauca, Renson Martínez, que salió ileso de un atentado en la vía entre Fortul y Tame. Su vehículo recibió entre 10 y 13 impactos de bala de largo alcance, en una acción que se atribuyó al ELN.
Desde el Congreso hasta el Procurador, diferentes fueron las voces repudiando este atentado, cuando aún está fresco en el imaginario político el ataque mortal contra el senador Miguel Uribe Turbay, perpetrado por una organización criminal, que al parecer fue el brazo armado de la disidencias de la Segunda Marquetalia, de acuerdo a las pesquisas de la Fiscalía.
El atentado contra Uribe Turbay sucedió en la capital del país, los procesos judiciales para el procesamiento de los responsables va a paso lento, lo que hace creer que eventuales atentados en zonas remotas contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y activistas políticos pueden resolverse en cámara lenta, eso sin contar con las posibilidades de anticipación.
Según el informe “Liderazgos sociales 2025: una tendencia que mata”, de Indepaz, del 1.° enero de 2016 al 6 de noviembre de 2025 fueron asesinadas 1.865 personas que ejercían algún tipo de liderazgo social o comunitario.
Las cifras revelan que entre 2022 y el 6 de noviembre de 2025 se registran 709 homicidios y el balance preliminar sugiere que para diciembre podría cerrar con un repunte frente a los años anteriores.
Expertos señalan que cada año electoral viene acompañado de nuevas olas de amenaza y asesinatos, producto de los enfrentamientos de grupos armados ilegales, quienes intentan alcanzar más control territorial para su beneficio político y económico, aprovechando la ausencia estatal.
El panorama preocupa mucho para este cierre del 2025 e inicio del 2026. Según la MOE, los departamentos de Cauca, Guaviare, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar y la subregión del Catatumbo concentran el 67,69% de las acciones de conflicto del país.
Solo el departamento del Cauca concentró el 20,49% del total de las acciones violentas: se registraron 392 hechos de violencia repartidos entre 338 acciones armadas y 54 amedrentamientos. Esto representa un aumento de la violencia de un 7,10% con respecto al año anterior.
Los grupos armados ilegales como el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias y otras organizaciones criminales tienen claro que la ausencia estatal en varias zonas del país es un terreno fértil para sembrar la zozobra. Más del 50% de los hechos de violencia contra liderazgos sociales ocurrieron en las zonas rurales y comunales.
Incluso, termina siendo una total contradicción que tras el acuerdo de paz firmado en La Habana con las extintas Farc y la creación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), que son 16 curules en la Cámara de Representantes destinadas a fortalecer la participación política de comunidades afectadas por el conflicto armado, sigan siendo los departamentos más afectados y sus líderes los más amenazados.
El reporte de la MOE señaló que en las CITREP se han registrado hechos de violencia en 53 municipios pertenecientes a 15 circunscripciones. En estas zonas se presentaron 91 de las 291 agresiones registradas en 2025, lo que representa un 31,27% del total nacional.
Pese a que varias entidades son las responsables de llevar a cabo unos comicios en todo el país para el 2026, como la Registraduría y su apuesta de llevar más de 50 puestos de votación a zonas muy alejadas, lo cierto es que la alerta está activada y la democracia es la más afectada en los territorios más olvidados por parte del Estado.
“Lo que tenemos ahora es el recrudecimiento del conflicto muy fuerte y cuando eso sucede los ciudadanos es muy difícil que salgan a votar porque les da miedo que sean declarados objetivo militar y los candidatos se abstienen de hacer suficiente campaña”, aseguró Barrios.
MUJERES VÍCTIMAS EN LA POLÍTICA
Las mujeres en la política es otro de los focos de la violencia donde varias entidades del orden nacional e internacional ponen la lupa en esta etapa preelectoral.
Al menos tres de cada cuatro (78.8%) candidatas a las elecciones territoriales de 2023 sufrieron algún tipo de violencia en actividades políticas, concluyó un informe de la Registraduría, la Embajada de Suecia en Colombia, la Defensoría del Pueblo y ONU Mujeres, que alertó que una situación similar se podría repetir o agravar en esta elecciones.
El 61,3% de las candidatas en campaña dijero haber experimentado una o más situaciones de violencia, entre estas se encuentra violencia psicológica con un 72,4%; mientras que el 40,6% fueron víctimas de violencia económica como robo, destrucción o vandalización de materiales o de la sede de campaña y el 25,4% tuvo que lidiar con actos de violencia sexual, que fueron desde recibir comentarios hasta solicitudes de favores sexuales a cambio de apoyo político o financiero.
“Siguen existiendo muchas barreras para la participación política de las mujeres, particularmente en zonas que todavía siguen afectadas por la violencia. La participación de las mujeres es una deuda histórica que se tiene para las mujeres en estos territorios”, señalaron desde la misión de la ONU en Colombia.
Colombia se prepara para un nuevo ciclo político, pero lamentablemente se está cruzando paralelamente con un oscuro panorama donde no hay garantías ni para los candidatos y menos para los electores; la responsabilidad en el orden público es total del Gobierno, que nuevamente está quedando corto para llevar soluciones concretas ante la violencia que podría afectar la cita más importante para el futuro de Colombia.
COLPRENSA
