De acuerdo con Benedetti, el registrador es solo un “operador logístico”, por lo cual no se puede oponer a realizar la consulta en la fecha solicitada por el Gobierno.
La semana pasada, el Gobierno expidió un decreto en el que convocó la consulta popular para el próximo 7 de agosto, pero varios sectores políticos le pidieron al registrador que acudiera a una excepción de inconstitucionalidad para no cumplir el decreto, pues se expidió a pesar de que el Senado había ya emitido concepto negativo a la realización de la consulta.
Penagos afirmó que, ante la controversia entre dos poderes públicos, el ejecutivo y el legislativo, debía ser la justicia la que decidiera y, por ende, solicitó concepto al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional sobre qué decisión tomar.
“Se está equivocando gravemente en eso. Él no tiene por qué hacer una excepción constitucional de una excepción constitucional que hace el Gobierno”, manifestó Benedetti.
En los próximos días, el Consejo de Estado deberá pronunciarse sobre el decreto del Gobierno que convocó la consulta, así como sobre la decisión del Senado que se opuso a su realización.
