En declaraciones recientes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió al reciente fallo de la Corte Constitucional sobre el decreto madre del estado de conmoción interior y a las movilizaciones sociales convocadas para el 1° de mayo, en apoyo a la consulta popular impulsada por el Gobierno.
Benedetti aseguró que, aunque la Corte Constitucional le quitó “algunos dientes” al estado de conmoción interior, el decreto madre se mantiene vigente, lo que permitirá al Gobierno avanzar en temas claves como la recolección de recursos, el fortalecimiento de la fuerza pública y la erradicación de cultivos ilícitos. “Queda el corazón de la seguridad”, afirmó el ministro, destacando que aún se espera conocer el contenido completo del fallo para evaluar sus verdaderos alcances.
El jefe de la cartera política también explicó que la decisión no frena la operatividad de la fuerza pública y que el Ejecutivo está evaluando si se reactivan las operaciones militares contra disidencias como las de Calarcá. Además, subrayó que el comité de seguridad está analizando tanto el cese del fuego como el futuro de las negociaciones con estos grupos armados.
Respecto a la consulta popular, que será radicada este 1° de mayo en el Congreso, Benedetti desmintió que el presidente haya amenazado con convocarla unilateralmente. Aclaró que, según la ley, si el Senado no se pronuncia en un plazo de 30 días, el mandatario está facultado para hacerlo dentro de los tres meses siguientes, siempre y cuando el Congreso no la apruebe.
Frente a las movilizaciones convocadas para el Día del Trabajo, el ministro llamó a la ciudadanía a manifestarse de manera pacífica y aseguró que en anteriores concentraciones por la consulta no se han presentado desmanes. “Mañana debe ser una marcha apoteósica como nunca antes, en defensa de los derechos de la clase obrera”, expresó.
Finalmente, Benedetti rechazó las críticas provenientes de sectores que cuestionan el respaldo indígena a la consulta, calificando estos señalamientos como discriminatorios. Afirmó que el apoyo logístico a estas comunidades se enmarca en la ley y responde a proyectos de desarrollo rural, no a intereses políticos.
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