María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue citada por la Corte Suprema de Justicia a declarar el próximo 4 de agosto a las 2:00 p.m. ante el magistrado Misael Rodríguez, dentro del proceso que se adelanta contra cinco congresistas y un exrepresentante, salpicados por presuntas irregularidades relacionadas con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La diligencia, que se llevará a cabo en el despacho de la Sala Especial de Instrucción, hace parte del expediente que involucra a los congresistas Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Liliana Bitar, Karen Manrique, Julián Peinado y al exrepresentante Juan Diego Muñoz. A todos ellos se les investiga por presunta participación en una red de cohecho impropio, relacionada con la aprobación de conceptos de crédito público a cambio de beneficios en contratos gestionados por la UNGRD.
Benavides fue asesora técnica del Viceministerio General del Ministerio de Hacienda hasta marzo de 2024. Según la Fiscalía General de la Nación, habría actuado como enlace entre miembros del Ejecutivo y los legisladores, facilitando la asignación de tres contratos por $92.000 millones a proyectos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).
La exfuncionaria reconoció ante el ente acusador haber intercambiado comunicaciones con el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, y con Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Ambos ex funcionarios están involucrados en el mismo entramado de corrupción.
Benavides obtuvo un principio de oportunidad con la Fiscalía, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. El acuerdo, presentado ante un juez el 22 de julio, le permite evitar una condena a cambio de su colaboración con la justicia, específicamente mediante la entrega de testimonios y pruebas en contra de otros implicados.
“María Alejandra Benavides se compromete a declarar sobre su participación y la de otros funcionarios públicos en los hechos investigados”, señaló en su momento el ente acusador.
La Fiscalía explicó que la exasesora intervino en la estructuración y direccionamiento de los tres contratos, como mecanismo para influir en las votaciones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), de la cual hacían parte los congresistas ahora investigados.
Pese a los indicios presentados, la Sala de Instrucción de la Corte no accedió a la solicitud del magistrado Rodríguez de imponer medida de aseguramiento contra los seis congresistas. Por ahora, seguirán en libertad mientras avanza el proceso.
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Los presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, también están siendo procesados por casos relacionados con la UNGRD, aunque sus investigaciones se desarrollan por separado y ya fueron privados de la libertad por orden judicial.
Benavides también está citada como testigo clave en la investigación penal contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a quien la fiscal del caso, María Cristina Patiño, imputará por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. La audiencia será programada una vez el juez avale el principio de oportunidad de Benavides.
De acuerdo con la investigación, Bonilla habría ordenado el direccionamiento de los contratos para garantizar la aprobación de operaciones de crédito a favor del Ejecutivo. El objetivo era lograr que los parlamentarios favorecieran al Gobierno en las sesiones de fin de año de 2023, donde se votaron trece conceptos de crédito público en pocos días.
El caso UNGRD ha involucrado a funcionarios del Ejecutivo, asesores del Dapre y miembros del Congreso, tanto aliados como opositores del gobierno Petro. Según el expediente judicial, los contratos investigados se utilizaron como incentivo para influir en votaciones parlamentarias claves.
Las investigaciones han derivado en imputaciones y medidas restrictivas contra varios ex funcionarios, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, y en la vinculación formal de figuras como Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones. La Fiscalía también ha señalado a César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, como uno de los beneficiarios del esquema.
La Corte Suprema continúa recabando testimonios y documentos que, según el alto tribunal, podrían sustentar un patrón de actuación coordinada entre funcionarios del Gobierno y legisladores para el favorecimiento recíproco a través de contratos públicos.
Por Colprensa
