En los últimos minutos inicio la audiencia en la que el Tribunal Superior de Bogotá decidirá si mantiene o no la sentencia condenatoria de 12 años en contra del expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.
Uribe fue sentenciado en primera instancia por los delitos de soborno y fraude procesal.
El proceso judicial contra Uribe se remonta a 2012, cuando él mismo denunció al entonces senador Iván Cepeda, a quien acusó de ofrecer prebendas a exjefes paramilitares para que declararan en su contra, señalándolo como presunto fundador del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de haber participado en crímenes como la masacre de El Aro.
Sin embargo, el 16 de febrero de 2018 la Corte Suprema de Justicia determinó que no existían motivos suficientes para procesar a Cepeda y, por el contrario, abrió una investigación contra Uribe al encontrar indicios de que habría intentado manipular testigos a su favor mediante terceros, entre ellos el abogado Diego Cadena. Esa decisión dio origen a un expediente que, tras dos intentos fallidos de preclusión, terminó con la histórica condena de 12 años contra el exmandatario.
Según la jueza Sandra Liliana Heredia, Uribe no solo conocía las maniobras de su abogado, sino que fue quien las ordenó. “El acusado (Uribe) sí conocía el plan que se maquinaba, no fue accidental su intervención (….) No es designio de la providencia, mandato de Dios o alineación de los planetas que al tiempo todos los protagonistas se abocaran hacia una misma causa», dice el fallo. Meses después, Cadena también fue sentenciado a siete años de cárcel, aunque únicamente por soborno.
Es en este punto donde los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana apelaron la condena argumentado que la jueza del caso, Sandra Liliana Heredia, promulgó un discurso político, con marcados sesgos y que la decisión no fue coherente con los argumentos que hizo antes de tomar la decisión, lo que la llevó a realizar «un ejercicio parcializado de la prueba testimonial con la intención de desmeritar todos los testigos que realizaban declaraciones a favor del doctor Álvaro Uribe Vélez y, en contraposición, defender a ultranza todos aquellos que usó para fundamentar su condena, siendo evidente el doble rasero o estándar de valoración de testigos según a quien favorecía la declaración».
Por otro lado, y como se esperaba, la defensa del expresidente insistió en la valoración de las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su entonces abogado Diego Cadena. Grabaciones que han sido objeto de múltiples decisiones judiciales, entre ellos la condena en su contra, pero que, según la defensa, deberían excluirse por violar el secreto profesional.
El abogado Granados sostuvo que esas interceptaciones fueron ilegales, porque en 2018 la Corte Suprema ordenó escuchar una línea telefónica que se creía pertenecía al congresista Nilton Córdoba Manyoma, dentro de la investigación por el escándalo del «Cartel de la Toga», pero que en realidad era del abogado Diego Cadena, lo que significó que, según la defensa, se escucharon conversaciones sin orden judicial
