El presupuesto aprobado representa un incremento del 7% en comparación con el de 2025 y consolida una apuesta por la inversión social, con aumentos significativos en sectores clave. Educación recibirá un total de $88,2 billones, lo que significa un aumento de $6,6 billones y constituye la cifra más alta en la historia para este sector.
El presidente de la Cámara, Julián David López, afirmó que la aprobación es un mensaje al país de que «realmente se puede generar consensos en la diferencia» y destacó que el debate se desarrolló con orden y respeto.
Para llegar al monto final de $546,9 billones, el proyecto sufrió un recorte de $10 billones, de los cuales $6 billones correspondieron a gastos de funcionamiento y $4 billones a inversión, según explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Entre las carteras más afectadas por esta reducción se encuentran el propio Ministerio de Hacienda, con un recorte de $2,6 billones; Prosperidad Social, con $2 billones menos, y el Ministerio de Ambiente, al que se le disminuyeron $78.400 millones.
Uno de los puntos de mayor discusión fue la partida destinada al servicio de la deuda pública, que a pesar de sufrir un recorte de $2 billones, seguirá contando con $97 billones en 2026.
Desde las regiones también surgieron alertas, como la del senador de Cambio Radical, Carlos Julio González, quien señaló que se espera una reducción presupuestal del orden del 15% para todos los departamentos. El caso de La Guajira fue expuesto como uno de los más críticos, pues podría enfrentar un recorte de hasta el 29%.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, agradeció a los congresistas y aseguró que se dio un ejemplo al país de que «es posible construir caminos de encuentro y de acuerdo». Explicó que el resultado es un «presupuesto de consenso, un presupuesto responsable» que garantiza la ejecución del Plan de Desarrollo del presidente Gustavo Petro.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, atribuyó la aprobación a la coalición de gobierno en el Congreso y defendió las partidas nuevas aprobadas, como las destinadas al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Ante las críticas, Benedetti aseguró que estos recursos son necesarios para los múltiples eventos de la Casa de Nariño y no para «hacer campaña», calificando de «irresponsable» dicha afirmación, pues el presidente no se va a reelegir.
Las voces de la oposición manifestaron un rotundo rechazo al proyecto aprobado. El senador del Centro Democrático, Enrique Cabrales, lo calificó como un presupuesto «inflado, desequilibrado y con un hueco de financiamiento de $16,9 billones». Según el congresista, este déficit depende de una «desconocida y nefasta reforma tributaria».
Cabrales criticó que en tres años el presupuesto ha crecido más de $200 billones, pero que ese aumento se ha destinado principalmente a «burocracia» y no a inversión, cuya ejecución, advirtió, apenas supera el 35% a agosto de 2025.
El senador también llamó la atención sobre el recorte del 47,3% en la inversión de la Defensoría del Pueblo, lo que, en su opinión, debilita las instituciones que garantizan la vigilancia electoral.
En una línea similar, la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) rechazó acoger el texto de la Cámara y advirtió que el presupuesto «se expone a nulidad», como ya ocurrió con la reforma pensional. Lozano denunció que se impidió votar una proposición suya para evitar un nuevo crédito por $16 billones, lo que consideró «de facto, una nueva reforma tributaria».
Además, criticó el aumento de recursos para el Dapre «sin objetivo claro ni control», en contraste con la reducción a la Defensoría del Pueblo.
