El Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia del magistrado Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, revocó la condena en contra del expresidente Álvaro Uribe, en los casos en su contra por supuesto soborno de testigos.
Previamente, el tribunal declaró ilegales las interceptaciones al celular del expresidente, que se produjeron supuestamente por error porque se confundió con el celular de otro congresista. Esa interceptación había sido avalada en múltiples instancias judiciales, incluso por la Corte Suprema de Justicia.
Con esa decisión, el magistrado le dio la razón al defensor de Uribe, Jaime Granados. El abogado decía que esas interceptaciones fueron ilegales, porque en 2018 la Corte Suprema ordenó escuchar una línea telefónica que se creía pertenecía al congresista Nilton Córdoba Manyoma, dentro de la investigación por el escándalo del “Cartel de la Toga”, pero que en realidad era del abogado Diego Cadena, lo que significó que se escucharon conversaciones sin orden judicial, y además, se violó el secreto profesional.
“Cualquier intento de convalidar la ilicitud fomenta prácticas arbitrarias y abre la puerta a pescas indiscriminadas. El sistema penal no puede priorizar resultados sobre legalidad”, dijo el magistrado.
En ese contexto, determinó también que no existe ninguna prueba ni testigo que permita comprobar que el expresidente Uribe indujo a terceros, entre ellos al abogado Cadena, a conseguir testigos y retractaciones a su favor. Lo que contradice el fallo emitido por la jueza Sandra Liliana Heredia, que sostenía que Uribe buscó la manipulación de al menos tres testigos: Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, y Euridice Cortés, alias ‘Diana’, a través del abogado Cadena. Por eso fue sentenciado por el delito de soborno en actuación penal.
Para los magistrados, no se trata de presiones para incriminar a Cepeda y no hay ninguna prueba en contra de Uribe. El Tribunal agregó que Cadena actuó solo, sin «instrucciones del acusado». Esa declaración la hizo sobre Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, y Euridice Cortés, alias ‘Diana’. Además, ordenó compulsar copias para que se investigue a Carlos Enrique Vélez.
Concretamente, sobre el testigo estrella, es decir, Juan Guillermo Monsalve, el tribunal dijo que no se practicó prueba que permitiera confirmar su declaración, la cual tuvo contradicciones y estuvo motivada por beneficios jurídicos.
“No puede asumirse que la retractación buscaba alterar una versión auténtica ni que la primera declaración representara una verdad judicial. El interés del testigo exige escrutinio riguroso”, dijo el magistrado Merchán durante la lectura del fallo.
Agregó que tampoco se le puede dar credibilidad a Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, y quien llevó el reloj con el que se grabaron las supuestas presiones a favor de Monsalve. Por eso, reiteró que no hay pruebas que indiquen que Uribe haya ordenado algo ilegal.
“No se demostró su intervención directa ni la existencia de un determinador intermediario. Las pruebas no vinculan al acusado con el actuar final”, dijo el magistrado, que agregó que el hecho de que estuviera informado no es un delito.
El magistrado dijo también que no hay pruebas de que Cadena le hubiera informado sobre el contenido de las cartas o declaraciones con las que buscaba retractaciones. “Las conversaciones entre Cadena y el expresidente reflejan que Uribe fue informado sobre las gestiones del abogado, quien reiteró que no ofreció prebendas ni garantías y que Monsalve quería retractarse”.
El proceso judicial contra Uribe se remonta a 2012, cuando él mismo denunció al entonces senador Iván Cepeda, a quien acusó de ofrecer prebendas a exjefes paramilitares para que declararan en su contra, señalándolo como presunto fundador del Bloque Metro de las AUC y de haber participado en crímenes como la masacre de El Aro.
Sin embargo, el 16 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia determinó que no existían motivos suficientes para procesar a Cepeda y, por el contrario, abrió una investigación contra Uribe al encontrar indicios de que habría intentado manipular testigos a su favor mediante terceros, entre ellos el abogado Diego Cadena. Esa decisión dio origen a un expediente que, tras dos intentos fallidos de preclusión, terminó con la histórica condena de 12 años contra el exmandatario.
De Colprensa
