La Red de Veedurías de Colombia, en cabeza de su presidente Pablo Bustos, alerta a la opinión pública y a los organismos de control sobre graves irregularidades en el proceso de elección del Contralor Distrital de Cartagena, que podrían configurar violaciones legales, prevaricato y responsabilidad disciplinaria y penal de los concejales, en especial de la Mesa Directiva.
La aspirante Yadira Morales Roncallo, actual Contralora Departamental del Atlántico, pretende asumir el cargo de Contralora de Cartagena a partir del primero de enero, pero no cumplió con un requisito esencial e insubsanable: la entrega del certificado de antecedentes disciplinarios para abogados, documento obligatorio según la convocatoria y cuya ausencia invalida automáticamente la inscripción. La normativa vigente, incluyendo la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único, arts. 8 y 48), la Ley 1474 de 2011 (arts. 26 y 29) y la Ley 909 de 2004 (art. 35), establece que los aspirantes a cargos públicos deben acreditar idoneidad y cumplir requisitos habilitantes sin posibilidad de subsanación posterior.
La situación se agrava por la existencia de una posible puerta giratoria, pues la candidata seguirá ejerciendo como Contralora del Atlántico hasta el 31 de diciembre y pretende asumir la Contraloría de Cartagena el día siguiente, vulnerando los principios de independencia, moralidad administrativa y selección objetiva consagrados en los artículos 209 y 274 de la Constitución. La Corte Constitucional, en Sentencias C-202 de 2003 y C-504 de 2007, ha reiterado que los órganos de control no pueden ser vulnerados por maniobras políticas que afecten la transparencia y el interés público.
La Red de Veedurías advierte además que la Mesa Directiva del Concejo Distrital, responsable de resolver las reclamaciones y recursos dentro del proceso, no ha dado respuesta oportuna a varias objeciones presentadas por ciudadanos y veedores, lo que agrava la responsabilidad de sus miembros.
La Procuraduría General de la Nación, mediante conceptos como el PRO-2024-00345, ha señalado que los miembros de la Mesa Directiva y los concejales que permitan la participación de un candidato que incumple requisitos esenciales podrían incurrir en prevaricato por acción u omisión (art. 413 del Código Penal), responsabilidad disciplinaria (Ley 734 de 2002, arts. 48 y 50), y responsabilidad civil y penal extrínseca al cargo, como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia (rad. 11001-03-15-000-2015-00123-00).
Votar una terna ilegal con aspirantes que incumplen requisitos constituye una violación de los principios de selección objetiva y transparencia, riesgo de nulidad absoluta del acto administrativo (Ley 1437 de 2011, arts. 136 y 137) y prevaricato por acción u omisión.
La aspirante también enfrenta cuestionamientos por su gestión en la Contraloría del Atlántico, señalada de opaca y de bajo perfil, y por presuntos vínculos políticos con la Casa Char, situación que nunca aclaró públicamente. La Red de Veedurías advierte que permitir su participación en la elección pondría en grave riesgo la independencia del control fiscal y la transparencia del proceso en Cartagena.
Por todo lo anterior, la Red de Veedurías exige al Concejo Distrital que excluya inmediatamente a la candidata por incumplimiento insubsanable, responda las reclamaciones pendientes y garantice la legalidad de la terna presentada, evitando cualquier decisión que pueda constituir prevaricato o violación del régimen de inhabilidades. De persistir estas irregularidades, la Red anuncia que activará acciones disciplinarias, penales y contencioso-administrativas para proteger la institucionalidad, la moralidad administrativa y los recursos públicos de Cartagena, asegurando que la selección del Contralor Distrital cumpla con los principios de transparencia, legalidad y mérito.
