Una denuncia presentada ante el Consejo Nacional Electoral reavivó la controversia alrededor del concejal de Bogotá Daniel Felipe Briceño, a quien señalan de estar inhabilitado para aspirar a la Cámara de Representantes en 2026 mientras el Centro Democrático lo estaría promoviendo como cabeza de lista por Bogotá.
El abogado Oscar Benavides, quien realizó la denuncia, afirma que la inhabilidad es “clara y gravísima”, pues el artículo 179.8 de la Constitución establece que nadie que haya ejercido autoridad política dentro del año previo a la elección puede ser congresista, y recuerda que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado en múltiples fallos que los concejales ejercen dicha autoridad.
Para cumplir este requisito, Briceño debió renunciar en marzo de 2025, pero continúa ejerciendo su cargo, participa en comisiones, toma decisiones y vota proyectos, lo que, según el denunciante, hace que la inhabilidad sea absoluta y no pueda subsanarse con renuncias tardías o maniobras posteriores.
Benavides también cuestiona si el concejal estaría utilizando el salario pagado con recursos públicos para impulsar su campaña, y si funcionarios de su Unidad de Apoyo estarían interviniendo indebidamente en actividades políticas, lo que podría constituir faltas electorales.
A esto se suma que Briceño no habría presentado debidamente sus informes de ingresos y gastos como precandidato, pese a que existen numerosas notas de prensa y contenidos políticos que lo promueven. Para el denunciante, esa omisión afecta a los ciudadanos y a los electores, y podría configurar un delito electoral.
El abogado sostiene que el Centro Democrático conoce la Constitución, la ley y la jurisprudencia, por lo que al promover a un candidato presuntamente inhabilitado estaría induciendo al error a miles de ciudadanos y burlándose de las reglas democráticas.
Afirma que esta práctica de inscribir candidatos inhabilitados con la expectativa de “resolver después” en los estrados judiciales se ha vuelto recurrente y no debería seguir ocurriendo. Por ello, exige al CNE, a la Procuraduría General de la Nación y a la Registraduría Nacional del Estado Civil que actúen de inmediato, y solicita al partido que explique públicamente por qué está promoviendo a un aspirante que legalmente no podría posesionarse.
Para Benavides y quienes comparten la denuncia, lo que necesita el país no es más políticos que abandonan sus responsabilidades por ambición ni partidos que juegan con los límites de la democracia, sino respeto por la ley, por el voto ciudadano y por la transparencia.
