La Alcaldía de Neiva enfrenta una deuda de $54 mil millones en cuentas por pagar, acumulada durante los años 2022 y 2023. Aunque la administración actual ha realizado abonos significativos, todavía existen pagos pendientes que preocupan a contratistas y proveedores del municipio.
Óscar Iván Leiva Bocanegra, secretario de Hacienda de Neiva, informó que se ha logrado reducir la deuda inicial, heredada del gobierno anterior, en $28.750 millones. Sin embargo, aún quedan pendientes aproximadamente $23 mil millones, distribuidos entre 857 personas naturales, que esperan $7.147 millones, y 90 entidades jurídicas, que aguardan $15.852 millones.
Leiva Bocanegra explicó que el presupuesto para 2025 incluye una partida de $10 mil millones destinada a saldar deudas con personas naturales vinculadas como contratistas durante 2023. Por su parte, los pagos a personas jurídicas se realizarán gradualmente, con la posibilidad de suscribir acuerdos para garantizar el cumplimiento dentro del primer semestre del año.
Sin embargo, los problemas de pago no son nuevos. Según la Resolución 0004 del 17 de enero de 2025, la Alcaldía también tiene cuentas pendientes de enero a agosto de 2024, que suman $31.624 millones. Esto afecta a 953 personas naturales y 71 jurídicas.
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El secretario de Hacienda señaló que algunos atrasos se deben a que varios contratistas tardaron en radicar sus cuentas de cobro. Según su versión, esta situación no implica incumplimiento por parte de la administración, sino demoras administrativas que serán atendidas a partir de febrero.
A pesar de estos avances, la percepción entre los contratistas es de desconfianza, ya que muchos llevan más de un año esperando por sus pagos. Además, la afirmación del alcalde German Casagua de que su gestión no tiene deudas mayores a seis meses generó polémica, dado que los documentos oficiales demuestran lo contrario.
La Alcaldía aseguró que priorizará las cuentas con destinación específica, cuyos recursos ya están en las arcas municipales. En contraste, las deudas respaldadas por ingresos corrientes de libre destinación podrían tardar más, dependiendo del recaudo.
Aunque las autoridades locales afirman estar comprometidas con sanear las finanzas públicas, la falta de claridad en los tiempos de pago y el impacto en contratistas y proveedores sigue siendo motivo de preocupación.
