El presidente Gustavo Petro anunció la instauración del 18 de marzo como «día cívico» para apoyar las marchas en defensa de sus reformas. Sin embargo, varios alcaldes y gobernadores han expresado su rechazo a esta medida, asegurando que no acatarán el decreto en sus regiones. Aunque han señalado que respetan el derecho a la movilización, enfatizaron que no están obligados a suspender las actividades en sus ciudades.
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, fue uno de los primeros en manifestarse. A través de su cuenta de Twitter, confirmó que los servicios públicos y las clases en los colegios de la ciudad continuarán con normalidad el 18 de marzo. “Como alcalde, solo puedo tomar decisiones para el sector público de Medellín. Nuestra prioridad es seguir trabajando por la ciudad y generar empleo de calidad”, afirmó Gutiérrez.
En la misma línea, el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, también expresó su desacuerdo con la medida. Aseguró que el gobierno regional operará de manera habitual y destacó que, el mismo día, se entregarán importantes obras de infraestructura como el intercambio vial del Aeropuerto José María Córdova. “En Antioquia honramos el trabajo como motor de desarrollo. Esperamos que este nuevo decreto no imponga un día de inactividad”, declaró Rendón.
Veremos dónde cae este nuevo globo. Esperemos que, vía decreto, no se nos imponga un día de vagancia.
En Antioquia honramos el trabajo como camino de desarrollo y oportunidades.
Además, ese día estaremos entregándoles a los Antioqueños parte de las obras del intercambio vial… https://t.co/iCc5eldTPs— Andrés Julián (@AndresJRendonC) March 15, 2025
En Bucaramanga, el alcalde Jaime Andrés Beltrán también se mostró contrario al decreto y aseguró que las actividades en la ciudad no se detendrán. “Bucaramanga es una ciudad productiva. No podemos parar el servicio ciudadano, por eso no acataremos el día cívico”, indicó Beltrán en redes sociales.
Otros mandatarios locales, como el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, también confirmaron que las actividades administrativas y de servicios públicos seguirán de forma normal en sus ciudades. Eder enfatizó que, aunque se respeta el derecho a la protesta pacífica, su objetivo es que Cali continúe avanzando con trabajo y resultados para los caleños.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también rechazó el decreto, argumentando que la consulta popular en apoyo a la reforma laboral pretende desconocer la autonomía del Congreso.
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A pesar de estas posturas, los mandatarios locales insistieron en que garantizarán las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan marchar pacíficamente en apoyo a las reformas del presidente Petro. De hecho, sindicatos, centrales obreras y colectivos cercanos al gobierno anunciaron movilizaciones en diversas ciudades del país el próximo martes.
Por su parte, el presidente Petro afirmó que el día cívico tiene como objetivo permitir que los trabajadores se sumen a las marchas para apoyar la reforma laboral, que actualmente enfrenta dificultades en el Congreso, especialmente en la Comisión Séptima del Senado. Sin embargo, la reacción de los mandatarios locales ha generado un debate sobre la implementación y necesidad de esta medida.
