«El país hoy sufre del recrudecimiento de la violencia por la ausencia de una política seria de seguridad, por una política de paz equivocada y por las debilidades en la implementación del acuerdo», afirmó.
Segun el mandatario de Bogotá, uno de los graves errores del presidente Petro en su política de paz total ha sido la de negociar y dar estatus politico «a grupos armados que no tienen ninguna motivación política, que no son mas que delincuentes organizados dedicados al narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, extorsión y otros delitos».
Insistió que el fracaso de la paz total provocó que esta iniciativa se convierta en una de las grandes amenazas para todas las regiones del país.
«La política de paz total, lejos de ser una herramienta para contener la violencia, se ha convertido en una amenaza para la institucionalidad y un dinamizador de esa violencia que buscaba precisamente erradicar», cuestionó Galán.
Incluso, se refirió a los informes de filtración de las disidencias de alas «Calarcá» en entidades estatales, señalándolo como un ejemplo del fracaso y «una burla a los compromisos que se asumieron por parte del Estado colombiano».
Galán advirtió que la ciudadanía del país sufre del aumento del poder de los grupos criminales y de las economías ilegales, porque el cumplimiento del acuerdo de paz firmado hace nueve años «quedó a merced de la voluntad del gobierno de turno, no se entendió este acuerdo como un acuerdo de
Estado».
En la misma línea se manifestó la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien advirtió que el gobierno Petro insiste en dialogar con grupos armados o jefes guerrilleros que no cumplieron los acuerdos de paz de 2016.
Marín dijo que además de la ausencia de institucionalidad en las regiones, el Gobierno «no debe dar incentivos perversos a quien cumplió este acuerdo de paz, no se deben suspender órdenes de captura ni beneficios jurídicos».
El evento también contó con la participación de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y el delegado en el país de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
