La Directiva 015, fechada el 9 de septiembre de 2025, surge tras la identificación por parte de la Procuraduría de debilidades en las políticas públicas nacionales, departamentales y municipales para la prevención, atención y protección de los menores víctimas del conflicto armado.
El documento señala que el reclutamiento es una grave violación de los derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario, y subraya la necesidad de una respuesta estatal contundente para proteger a la infancia y la adolescencia.
El Ministerio Público sustentó la directiva en cifras alarmantes de distintas entidades estatales y judiciales. Recordó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) identificó que 18.677 niños y niñas fueron víctimas de reclutamiento por parte de las FARC durante el conflicto armado.
Por su parte, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas reportó, con corte a julio de 2025, un total de 10.421 casos de vinculación de menores a grupos armados en su registro único.
Datos más recientes de la Defensoría del Pueblo indican que, entre 2022 y julio de 2025, se registraron 847 casos de menores víctimas de este flagelo. Adicionalmente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informó que entre 2022 y el 25 de agosto de 2025, un total de 1.023 menores de edad se desvincularon de grupos armados e ingresaron a programas de restablecimiento de derechos.
De estos, el 81 % fue reclutado por Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), el 10 % por el ELN y el 7 % por el Clan del Golfo. El informe del ICBF también detalló que las víctimas suelen tener entre 13 y 17 años y que 334 de ellas pertenecían a comunidades indígenas.
La Procuraduría explicó que entre las causas que favorecen este crimen se encuentran la pobreza, la violencia intrafamiliar, la falta de oportunidades en educación y salud, y la débil presencia del Estado en zonas rurales. Además, alertó sobre las nuevas modalidades de captación, que incluyen el engaño con falsas ofertas laborales y, de manera creciente, el uso de redes sociales como TikTok y Facebook para atraer a los jóvenes con contenidos virales que normalizan la guerra.
Ante este panorama, el jefe del Ministerio Público exhortó a la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento (CIPRUNNA) y a las demás entidades nacionales a implementar un plan de acción anual con metas eficaces. Ordenó definir mecanismos para articular y financiar las políticas públicas de prevención y formular estrategias con enfoque diferencial para garantizar los derechos de los menores.
Una de las instrucciones clave es el diseño de un sistema único de información para consolidar las cifras de reclutamiento y desvinculación, con la participación de todas las entidades destinatarias de la directiva. También se exigió la creación de canales que faciliten la denuncia anónima y protejan a las víctimas y sus familias de represalias.
En la directiva se incluyó la necesidad de coordinar acciones con la Fiscalía y la Policía para identificar y analizar los mensajes en plataformas digitales usados para captar menores y adelantar las acciones judiciales correspondientes.
El llamado de atención también se extendió a las gobernaciones y alcaldías, a las que se les instó a incorporar la prevención del reclutamiento en sus Planes de Desarrollo Territorial, asignando presupuesto suficiente para los programas de atención. Se les ordenó dar respuesta oportuna a las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo y, en los municipios con mayores índices de riesgo, incluir rutas y protocolos de aplicación inmediata en un plazo de tres meses.
