García-Peña aseguró que la determinación del gobierno de Donald Trump obedece a razones ideológicas y a un descontento con la administración del presidente, Gustavo Petro.
«Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Lo que genera rechazo es el sacrificio de vida en nuestro país. Es una decisión política, no les gusta el manejo del presidente Petro», aseguró en declaraciones a La W Radio.
El diplomático manifestó que la medida desconoce la realidad de Colombia y los esfuerzos concretos en el territorio. «Me duele, es una decisión injusta y que no corresponde. Al señalar al presidente Petro se alejaron de lo que la ley estadounidense establece en la lucha contra el narcotráfico», afirmó.
García-Peña explicó que la decisión está influenciada por percepciones ideológicas, citando al secretario Marco Rubio, quien, según él, se refirió a Petro como «un presidente errático». Asimismo, concluyó que «si hay un individuo en Colombia que ha luchado contra el narcotráfico y las mafias es el presidente Petro, lo ha hecho toda su vida. Están juzgando por razones ideológicas».
SIN «ESCENARIOS APOCALÍPTICOS Y LA POSICIÓN DE LA EMBAJADA»
A pesar de la gravedad de la medida, el embajador transmitió un mensaje de calma sobre las posibles consecuencias económicas para Colombia. «No habrá condiciones ni medidas adversas», expresó de forma contundente.
Esta afirmación busca disipar los temores sobre posibles bloqueos a préstamos o afectaciones a la cooperación bilateral. «Doy un parte de tranquilidad al país de que los escenarios apocalípticos que algunos mencionaban, no se dieron», señaló.
El documento de la descertificación menciona que Estados Unidos podría reconsiderar su postura si el Gobierno colombiano toma «medidas más agresivas para erradicar». Al respecto, García-Peña insistió en que ya se están implementando acciones contundentes, pero criticó la visión simplista desde el exterior.
«Es mucho más fácil decir desde Washington ‘fumiguen’, pero en el territorio es más difícil (…) Hay una falta de reconocimientos a realidades concretas», aseveró.
Por su parte, el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, aseguró que «las cifras son las cifras» y esa fue la razón principal de la decisión de su país, que evaluó los resultados en la lucha antidrogas y pesaron más los datos de cultivos ilícitos y de producción, que los datos de incautación.
Sin embargo, el encargado de negocios y embajador norteamericano, reiteró que la descertificación es condicionada, puesto que la ayuda de su país seguirá intacta y «nos mantenemos juntos en la lucha».
«Por eso toda la ayuda de Estados Unidos a Colombia sea en el área de seguridad o ayuda humanitaria, lo que sea, va a continuar al cien por ciento», puntualizó en declaraciones a Blu Radio.
LA RESPUESTA OFICIAL DE CANCILLERÍA
El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que rechazó la decisión y defendió el papel de Colombia como un «escudo» hemisférico contra el narcotráfico. «Al descertificar a Colombia, Estados Unidos corre el riesgo de reducir las capacidades de uno de sus aliados más firmes», planteó la Cancillería.
El Gobierno sostuvo que la nación ha asumido «el precio más alto: la pérdida de tantos colombianos y colombianas cuyos caminos se han visto trágicamente cruzados por una lucha sin sentido».
Para respaldar sus argumentos, el ministerio enumeró los logros recientes, entre los que destacan el decomiso de 884 toneladas métricas de cocaína en el último año, la destrucción de 5.242 laboratorios para el procesamiento de la droga y la extradición de 454 personas desde agosto de 2022.
Pese a la determinación de Washington, la cartera de Exteriores aseguró que el país «seguirá actuando con responsabilidad», aunque advirtió que la medida «introduce riesgos y señales que pueden ser malinterpretadas por los criminales».
EL ANTECEDENTE DE LA DECISIÓN
La noticia fue confirmada inicialmente por el propio presidente, Gustavo Petro, la noche del lunes, adelantándose al pronunciamiento oficial de la Casa Blanca. «Después de decenas de muertos de policías, sobre todo de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína (…) los Estados Unidos nos descertifican», precisó el mandatario.
Esta es la primera vez en 28 años que Colombia enfrenta este escenario. La decisión se produce semanas después de que el presidente Petro mencionara la posibilidad de reanudar la aspersión aérea con glifosato si las comunidades continuaban agrediendo a la Fuerza Pública, un anuncio que la Fundación Ideas para la Paz (FIP) analizó como una posible «estrategia política para influir en la inminente decisión» de Estados Unidos.
Según la FIP, la reactivación de las fumigaciones es inviable debido a una sentencia de la Corte Constitucional que exige demostrar la ausencia de daño para la salud y el medio ambiente, un requisito que calificó de «imposible» de cumplir.
