La defensora del Pueblo, Iris Marín, ha emitido un fuerte pronunciamiento respecto a la decisión del presidente Gustavo Petro de nombrar a 18 exjefes paramilitares como gestores de paz. Esta medida se realizó mediante una resolución que normaliza la designación de estos excomandantes para abrir la que sería la décima mesa de negociación dentro de la política de paz total impulsada por el Gobierno.
Críticas a los exjefes paramilitares
En su declaración, Iris Marín cuestionó la legitimidad de esta decisión y la capacidad de estos exparamilitares para ser referentes de la paz en Colombia. La defensora expresó: “¿Por qué nombrarlos gestores de paz si han sido gestores de guerra?”. Según Marín, estos individuos tienen un historial de violencia y crímenes graves que no los hace aptos para representar la reconciliación y la construcción de paz.
En particular, Marín recordó que muchos de estos excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) son responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, tanto a nivel nacional como internacional. Algunos de ellos, como Diego Fernando Murillo (alias ‘Don Berna’), Hernán Giraldo, Rodrigo Tovar Pupo (alias ‘Jorge 40’) y Herbert Veloza (alias ‘HH’), fueron inicialmente acogidos bajo el proceso de Justicia y Paz, pero fueron excluidos por continuar con actividades delictivas.
La importancia de un plan claro de trabajo
Para la defensora, la inclusión de estos exparamilitares en la mesa de negociación debe ir acompañada de un plan de trabajo claro y público, que permita monitorear su desempeño y evitar que desvíen el propósito de la paz. Marín subrayó que, aunque el diálogo con los actores armados es crucial para la pacificación del país, los compromisos de paz deben ser exigidos con la misma seriedad que se les dio en el pasado.
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La designación de estos exjefes paramilitares como gestores de paz sigue siendo un tema controvertido, que divide opiniones dentro de la sociedad colombiana. La defensora del Pueblo continúa luchando por la protección de las víctimas de violencia y la justicia para aquellos responsables de crímenes graves.