«Yo no entiendo cómo Uribe está libre y Epa presa, ¿Eso es justicia o es la venganza del macho?», interrogó el mandatario, durante el desarrollo de un Consejo de Ministros transmitido la noche del miércoles por redes sociales.
La Corte Suprema de Justicia condenó a “Epa Colombia” por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas.
La Sala concluyó que la conducta de Barrera excedió los límites de la protesta social, al considerar que la destrucción de bienes públicos, grabada y difundida por ella misma en redes sociales, tenía la capacidad de incitar a terceros a repetir comportamientos similares.
El alto tribunal explicó que “la difusión masiva de contenidos violentos y destructivos a través de redes sociales tenía la potencialidad de incitar a terceros a replicar conductas delictivas”, y sostuvo que no era necesario demostrar que esas personas hubiesen cometido actos terroristas, sino que bastaba la probabilidad de inducir estados de zozobra y temor.
En noviembre de 2019, durante el estallido social, Barrera destruyó con un martillo parte de la estación Molinos del sistema TransMilenio y participó en actos vandálicos contra la URI de Tunjuelito. Las imágenes fueron publicadas por ella en plataformas digitales y generaron, según las autoridades, un impacto considerable en la ciudadanía.
En 2020 una jueza de conocimiento absolvió a Barrera del delito de instigación a delinquir con fines terroristas y concedió la suspensión condicional de la pena. Sin embargo, en agosto de 2021, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó esa decisión y la condenó también por este delito, con una pena de 63 meses y 15 días de prisión, multa de 492.24 salarios mínimos y la inhabilidad para ejercer como influenciadora.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó en enero de este año esa sentencia y ordenó su captura inmediata. Tras la decisión la defensa de Barrera interpuso varias acciones de tutela que fueron acumuladas y tramitadas por la Sala de Casación Civil, que le negó el amparo el 24 de abril de 2025.
Por último, en julio de 2025 la Sala de Casación Laboral ratificó la condena. La Sala advirtió que no encontró violaciones a derechos fundamentales, ni errores judiciales que justificaran una intervención excepcional del juez constitucional.
