La entidad dijo que, aunque la Ley 1575 de 2012 establece el servicio de bomberos como esencial y permanente, persisten problemas estructurales en la financiación y organización de los cuerpos operativos, especialmente en zonas apartadas y de difícil acceso.
Ante este panorama, la Procuraduría ordenó a las autoridades territoriales fortalecer los mecanismos de financiación, como la sobretasa bomberil y los fondos municipales de gestión del riesgo. Además, instó a los departamentos a inyectar recursos en los fondos departamentales que respaldan a los cuerpos voluntarios de bomberos.
También solicitó al Gobierno cumplir con la transferencia de recursos al Fondo Nacional de Bomberos, obligación que —según el ente de control— ha sido incumplida de manera reiterada, afectando la operación en distintos territorios
Entre las medidas propuestas, el Ministerio Público planteó la creación de esquemas asociativos regionales que permitan a varios municipios compartir un mismo cuerpo de bomberos. Esta figura permitiría optimizar recursos y garantizar la prestación del servicio en varias jurisdicciones.
La Procuraduría también propuso a la Dirección Nacional de Bomberos establecer escalas de valores diferenciadas para la contratación del servicio, con base en las características particulares de cada municipio. Según la entidad, esto reduciría la discrecionalidad en la contratación y mejoraría la planeación financiera.
La entidad concluyó que es urgente priorizar recursos para la adquisición de equipos, capacitación y adecuación de vehículos funcionales frente a emergencias como inundaciones y remoción en masa. Para ello, pidió a la Junta Nacional de Bomberos dirigir su inversión hacia los escenarios de riesgo más críticos del país.
Asimismo, hizo un llamado a trabajar de manera conjunta con alcaldes, gobernadores, el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Bomberos en reformas estructurales a la Ley 1575 de 2012, la cual establece que el servicio público de bomberos es esencial y permanente.
Además, la ley señala que su prestación debe garantizarse por los municipios y distritos mediante la contratación y financiación de los cuerpos de bomberos reconocidos, a través de mecanismos como la sobretasa bomberil, los fondos de gestión del riesgo y aportes del Fondo Nacional de Bomberos, con el fin de asegurar la continuidad, calidad y financiación del servicio en todo el territorio.
