La Contraloría General advirtió este jueves que el proceso de transición energética impulsado por el Gobierno carece de claridad en su ejecución y no se está materializando en proyectos concretos.
Así lo expresó el contralor delegado de Minas y Energía, Germán Castro Ferreira, durante su intervención en el 17 Congreso Anual de Energía de Acolgen, al señalar que desde el Ministerio se escuchan anuncios sin ver avances reales.
“Estamos hablando hoy en día, desde hace dos ministros, de una transición energética que no vemos. No sabemos cómo se va a financiar, cómo va a ser la sostenibilidad de los servicios públicos para los usuarios en energía, gas y en combustibles y no la encontramos”, expresó Castro Ferreira en el panel “La visión de los entes de control sobre el sector eléctrico”.
El funcionario también cuestionó la falta de articulación entre las distintas entidades del Estado, al advertir que no hay claridad sobre cómo se están coordinando las consultas previas lideradas por el Ministerio del Interior ni los permisos ambientales a cargo del Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Castro Ferreira recordó que en noviembre pasado la Contraloría envió una alerta formal al Ministerio de Minas y Energía por la falta de avance en planes y programas que deberían impulsarse desde esa cartera.
Según explicó, esa preocupación se mantiene vigente y motivó un trabajo conjunto con la Procuraduría General para ejercer control preventivo y disciplinario.
“Ahora tenemos con la Procuraduría General de la Nación un trabajo conjunto de lo disciplinario preventivo y esperamos desde el control posterior y fiscal que esto que se materialice en daño al Presupuesto General de la Nación, no tengamos que estar atendiéndolo ya durante este año”, indicó el delegado.
El llamado de la Contraloría se suma a los cuestionamientos que distintos sectores han hecho sobre la estrategia de transición energética, en especial por la demora en definir fuentes de financiación y garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos durante el proceso.
