Tan solo un día después de que se conmemorara el Día del Trabajo en Colombia, un grupo de empleados en Puerto Antioquia hizo una grave denuncia, dejando en evidencia cómo los obligan a trabajar en condiciones que pueden poner en riesgo sus vidas.
En un video aficionado, un trabajador toma la voz y muestra cómo los quieren obligar a seguir trabajando en medio de una fuerte tormenta que no brinda garantías a los operadores que en ese momento se resguardan bajo la lluvia. Incluso, aseguran que amenazan con despedirlos si se niegan a seguir operando. Este presunto caso de abuso laboral debe ser investigado por las autoridades competentes, en cabeza del Ministerio del Trabajo liderado por Antonio Sanguino.
La denuncia fue puesta en primicia por la página de Facebook de Contexto Turbeño, quien denunció:
«¡Atención Turbo! Es un escándalo. En este momento, empleados de COTEMA, constructora de Puerto Antioquia, denuncian que se les exige trabajar en condiciones inhumanas que ponen en riesgo sus vidas. De lo contrario, enfrentarán el despido por parte de su empleador. Ni en tiempos de la esclav1tud. De otro lado se conoció que la ANLA suspendió operaciones de la construcción de ese puerto y se avecinan fuertes sanciones contra ese mega proyecto».
ANLA impone medida preventiva por actividad no autorizada en Puerto Antioquia
De otro lado, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha impuesto una medida preventiva a la sociedad Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A., mediante la Resolución 812 del 29 de abril de 2025, en el marco del proyecto “Construcción y Operación de un Terminal Portuario Multipropósito”, ubicado en el municipio de Turbo, Antioquia.
La medida ordena la suspensión parcial de actividades relacionadas con la operación de una planta móvil de fabricación de concreto sobre barcaza, desarrolladas en zonas fluviales y marítimas sin los permisos ambientales requeridos. Estas operaciones se llevaban a cabo en la vereda El Canal, corregimiento Nueva Colonia, en el departamento de Antioquia.
Es importante destacar que esta suspensión no implica la detención total del proyecto, sino únicamente de las actividades que exceden los alcances de la licencia ambiental vigente. Para levantar la medida, la empresa deberá:
- Retirar de forma definitiva la planta de concreto móvil sobre barcaza
- Solicitar la modificación de la licencia ambiental otorgada.
Además, la ANLA expidió el Auto 3118 del 29 de abril de 2025, con el que se da inicio a un proceso sancionatorio contra la misma sociedad por presuntas intervenciones no autorizadas en el predio “Capitán Quintero” y en el cauce del río León, según la Resolución 2502 del 13 de noviembre de 2024.
Las presuntas irregularidades en Puerto Antioquia y Corpourabá: alerta de la Red de Veedurías de Colombia.
La Red de Veedurías de Colombia informó que la puesta en marcha del proyecto portuario más ambicioso del país, Puerto Antioquia, presuntamente estaría plagada de irregularidades que deben ser investigadas por las autoridades pertinentes.
Según la alerta de la veeduría, el director de la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible de Urabá (Corpourabá), Jorge David Tamayo, presuntamente habría incurrido en conductas de tipo penal y disciplinarias debido a las decisiones adoptadas en torno a la licencia ambiental para el proyecto de conexión de la subestación de Puerto Antioquia.
“El director de Corpourabá, en días pasados, resolvió con una firma levantar totalmente las medidas preventivas sobre todos los predios involucrados en el proyecto en lo que respecta a la licencia ambiental, misma que había perdido su vigencia. Esto, desconociendo los derechos de restitución de tierras para las víctimas del conflicto, donde incluso existen pretensiones de las comunidades negras de Nueva Colonia y Puerto Girón, quienes han elevado solicitudes de titulación”, dijo Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia.
El abogado además señaló que “según información recaudada por medio de una denuncia de carácter disciplinario, se pudo constatar que en el pasado mes de diciembre los técnicos de Corpourabá presentaron un informe en el que se concluyó que no se habían iniciado las obras asociadas a la licencia ambiental”.
Los presuntos hechos de corrupción, que violarían los derechos de las comunidades más vulnerables, incluso podrían involucrar a grandes corporaciones beneficiadas con la medida adoptada por el director de Corpourabá. Se trataría de empresas bananeras ampliamente cuestionadas, algunas de las cuales están bajo investigación penal y serían propietarias de un porcentaje significativo del proyecto.
Para la Red de Veedurías de Colombia, Jorge David Tamayo sería, al parecer, una ficha política del polémico e investigado alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar, quien enfrenta varios procesos de carácter penal y administrativo. Tamayo, presuntamente, estaría actuando en favor de las bananeras.
Finalmente, RedVer alerta que «es de público conocimiento en la región que el proyecto fue ejecutado por Óscar Isaza, considerado el magnate de los puertos en Colombia. Isaza logró vincular al proyecto del Puerto de Urabá a su sobrino, Andrés Bustos Isaza, quien desempeña funciones gerenciales. En la práctica, presuntamente, se estaría configurando un caso de nepotismo, burocracia y amiguismo».
El jalón de orejas de Petro a Andrés Julián por Puerto Antioquia
Recientemente, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, le solicitó al Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que «haga que todos los requisitos para el proyecto de Puerto Antioquia de tipo ambiental y social se cumplan. Es la ley y deben cumplirla. Los municipios de Urabá deben recibir parte de las utilidades del puerto, y los permisos del uso del agua deben ser adquiridos».
Mientras el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha celebrado como un logro político la puesta en marcha del proyecto Puerto Antioquia, organizaciones y comunidades afro de Urabá, así como víctimas del conflicto en proceso de restitución de tierras, han denunciado que sus derechos no han sido tenidos en cuenta.
Medios locales han hecho las alertas y dejado en evidencia que, al parecer, se quiere dejar a las comunidades por fuera de los beneficios sociales que le podría traer un megaproyecto como Puerto Antioquia.
«A pesar del llamado del presidente Gustavo Petro, para que se garantice el cumplimiento de los requisitos ambientales y sociales en el proyecto de Puerto Antioquia, todo indica que el gobernador Andrés Julián Rendón no estaría en condiciones de seguir la directriz», trinó la Chiva de Urabá.
A pesar del llamado del presidente Gustavo Petro, para que se garantice el cumplimiento de los requisitos ambientales y sociales en el proyecto de Puerto Antioquia, todo indica que el gobernador Andrés Julián Rendón no estaría en condiciones de seguir la directriz.
Líderes sociales de Urabá alzan su voz contra Puerto Antioquia por sus derechos
Según el Congresista Pedro Baracutao, en las audiencias públicas que se han llevado a cabo en Urabá (más de 8), y en el último encuentro con organizaciones étnicas allí, se ha puesto en evidencia un clamor de la comunidad: que las obras y megaproyectos sean consultados y que generen condiciones de vida digna en el territorio.
En las audiencias públicas que hemos hecho en Urabá (más de 8), y en el último encuentro con organizaciones étnicas allí, hemos hecho eco de un clamor de la comunidad: que las obras y megaproyectos sean consultados y que generen condiciones de vida digna en el territorio.
Sobre el caso, Juan Diego Ortiz, estudiante de Planeación y Desarrollo Social, comentó: «Puerto Antioquia debe cumplir estrictamente normas ambientales y sociales, garantizando beneficios reales a las comunidades de Urabá. No podemos permitir megaproyectos que destruyen territorios y concentran riquezas en pocas manos, como ocurrió históricamente».
Puerto Antioquia debe cumplir estrictamente normas ambientales y sociales, garantizando beneficios reales a las comunidades de Urabá. No podemos permitir megaproyectos que destruyen territorios y concentran riquezas en pocas manos, como ocurrió históricamente.
Estos hechos revelan una preocupante desconexión entre el discurso oficial sobre desarrollo y la realidad que enfrentan trabajadores y comunidades en el terreno. La situación en Puerto Antioquia exige una acción inmediata por parte de las autoridades, no solo para investigar las denuncias laborales y ambientales, sino también para garantizar que los derechos humanos, laborales y territoriales sean respetados por encima de cualquier interés económico.
El megaproyecto, que podría significar progreso para la región de Urabá, corre el riesgo de convertirse en un símbolo de abuso, exclusión y corrupción si no se corrigen de inmediato las irregularidades señaladas. La vigilancia ciudadana y el acompañamiento institucional son fundamentales para asegurar que el desarrollo no se construya a costa de la dignidad de quienes habitan y trabajan en el territorio.
Editorial – Unidad Investigativa de Nación Paisa
