martes, abril 22, 2025
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Fallas procesales y contradicciones marcan imputación al exalcalde Quintero, entre sospechas de politización

Fiscalía presuntamente improvisa en caso Daniel Quintero; Lo que debía ser una audiencia de imputación contundente contra el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero, terminó convirtiéndose en una jornada caótica que dejó en evidencia la falta de preparación de la Fiscalía seccional de Medellín.

La fiscal Yarlesy Ximena Mena, encargada del caso, no supo responder preguntas básicas, confundió fechas, hechos y lugares, y dejó abiertas más dudas que certezas. En medio de la intervención, llegó a afirmar que “esto no tiene que ver con temas políticos”, aunque nadie había mencionado la política, lo que avivó la sospecha de una posible politización del proceso.

La situación fue tan crítica que la procuradora judicial penal Liliana del Socorro Arias Duque, visiblemente desconcertada, expresó que parecía que se estaban otorgando demasiadas garantías a los procesados. En su intento por salvar la diligencia, trató de clarificar lo expuesto por la fiscal, pero ni siquiera su intervención logró disipar las contradicciones que dominaron la audiencia.

El juez del caso también llamó la atención por su actitud inusual: Si bien se comporto como un juez garantista permitiendo a las partes procesales fue muy permisivo con la fiscal del caso quien se demoraba en responder y solicito muchas interupciones.

Este episodio, que recuerda los errores procesales en el caso del expresidente Álvaro Uribe, podría beneficiar políticamente a Quintero. A juicio de analistas, la falta de solidez en las imputaciones y el evidente desorden procesal pueden terminar por fortalecer su figura como víctima de una persecución judicial, en lugar de debilitarlo.

La jornada deja en el aire preguntas graves sobre la independencia judicial, la preparación de los fiscales y la delgada línea entre justicia y política. Para muchos, esta audiencia podría ser el punto de inflexión que exponga cómo algunos actores del sistema judicial parecen más interesados en hacer carrera política que en garantizar el debido proceso.

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