El eco de la explosión que sacudió a La Plata el pasado 17 de abril sigue resonando en la memoria colectiva del municipio, pero las decisiones tomadas en el Consejo de Seguridad presidido por el Gobierno Nacional y la Gobernación del Huila marcan un hito en la lucha contra el crimen organizado. En un consejo extraordinario, las autoridades anunciaron medidas contundentes para recuperar la tranquilidad en la región tras el atentado que dejó dos muertos y más de 30 heridos, el ataque más grave contra civiles en los últimos dos años en Colombia.
El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, calificó el atentado como «gravísimo» y destacó la necesidad de una respuesta firme para evitar que estos actos de terror se normalicen. “La seguridad es un bien público esencial que el Estado tiene la obligación de garantizar”, aseguró Villalba, quien comprometió esfuerzos para recuperar la paz en La Plata, un municipio clave para el sur del país. En este sentido, anunció una alerta y acción permanente desde la Gobernación, enfocándose en reforzar la inteligencia y mejorar las capacidades operacionales para contrarrestar los crímenes en la región.
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, también se pronunció sobre el ataque, señalando que los responsables pertenecerían a la estructura criminal ‘Hernando González Acosta’, una facción disidente de las FARC liderada por Iván Mordisco. A pesar de los golpes recientes a esta estructura, que ha perdido 91 de sus miembros, las autoridades reconocen la peligrosidad de su capacidad regenerativa. Como parte de la ofensiva, el Gobierno Nacional ha ofrecido recompensas de hasta $300 millones por los cabecillas de la facción, alias El Viejo y Carla, responsables intelectuales del atentado. También se mantiene una recompensa de $4.450 millones por la captura de Iván Mordisco.
En cuanto a la respuesta militar, el almirante Francisco Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares, reafirmó el compromiso de las Fuerzas Militares de actuar de manera conjunta, haciendo un llamado a la comunidad rural para colaborar e informar sobre actividades sospechosas en sus territorios. «Con su ayuda, la neutralización será más rápida y efectiva», indicó Cubides.
Además de las acciones militares y policiales, el gobernador Villalba destacó el compromiso del Huila con las víctimas, anunciando rutas de atención psicosocial, apoyo jurídico y un plan institucional para asegurar que los responsables no queden impunes.
El Consejo de Seguridad concluyó con un mensaje claro: el Estado no retrocederá ante el crimen y La Plata no enfrentará sola este desafío.
