Una denuncia radicada ante la Fiscalía General de la Nación abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre la administración de los recursos provenientes de las multas de tránsito en Colombia y el modelo de operación del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).
La acción judicial señala presuntas irregularidades en la contratación, el manejo de dineros públicos y la participación de operadores privados en actividades relacionadas con el sistema.
La denuncia fue promovida por el abogado Ricardo Ruge Cabrera, quien actúa en representación de un grupo de conductores y dirige sus señalamientos contra la Federación Colombiana de Municipios, su presidente, Gilberto Toro Giraldo, y la empresa DICITEC SEM S.A.S.. Según el jurista, las actuaciones cuestionadas podrían tener repercusiones sobre cerca de 7,5 millones de colombianos.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con los mecanismos utilizados para vincular operadores privados a la administración y gestión de actividades asociadas al SIMIT. De acuerdo con el denunciante, existirían posibles irregularidades en los procedimientos de contratación, debido a que determinadas actividades habrían sido entregadas sin adelantar procesos de selección pública que, según su interpretación, eran necesarios.
En este escenario, Ruge Cabrera señala a DICITEC SEM S.A.S. como una de las empresas que habría tenido participación relevante dentro del esquema operativo. Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a los argumentos de la denuncia y deberán ser contrastadas por los organismos de investigación.
Cuestionan posible detrimento patrimonial de $500.000 millones
Otro de los aspectos más delicados de la acción judicial tiene que ver con el posible detrimento patrimonial derivado de la administración de los recursos. Según las estimaciones presentadas por el abogado, inicialmente se habría calculado una afectación de aproximadamente $98.000 millones; posteriormente, la cifra habría aumentado a $170.000 millones y, tras una nueva revisión, alcanzaría cerca de $500.000 millones.
Como fundamento de sus reclamaciones, el denunciante también hace referencia a la sentencia 196-08-2026, de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Según la interpretación expuesta por Ruge Cabrera, esta decisión judicial habría establecido la obligación de devolver recursos que no podían ser apropiados por la Federación Colombiana de Municipios y que debían transferirse a los respectivos organismos de tránsito municipales.
La denuncia quedó registrada ante la Fiscalía con el número 2026201305514361. Entre las solicitudes se encuentran investigar los modelos de contratación, la adjudicación y ejecución de los contratos, así como establecer el destino y la legalidad de los recursos recaudados mediante las multas de tránsito.
7,5 millones de colombianos estarían involucrados en las reclamaciones
El alcance ciudadano de esta controversia constituye otro de los puntos centrales. Según los cálculos presentados por el abogado, aproximadamente seis millones de personas aparecerían como deudoras o tendrían medidas de embargo relacionadas con comparendos, mientras que otros 1,5 millones ya habrían pagado sus obligaciones y, de acuerdo con el planteamiento de los denunciantes, podrían tener derecho a reclamar la devolución de recursos.
No obstante, estas cifras corresponden a estimaciones de los promotores de la acción y no significan que todos los comparendos sean ilegales ni que exista un derecho automático al reembolso.
El caso pone sobre la mesa interrogantes sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos, los mecanismos de contratación del SIMIT y las garantías de los ciudadanos frente a los cobros por infracciones de tránsito.
Ahora será responsabilidad de las autoridades competentes establecer si existieron irregularidades, determinar eventuales responsabilidades y precisar si hubo afectación al patrimonio público. También será necesario conocer los pronunciamientos de las entidades y empresas señaladas frente a los cuestionamientos formulados.
