Una queja disciplinaria con solicitud de medida cautelar fue radicada ante la Procuraduría Regional de Instrucción del Huila contra los integrantes de la Mesa Directiva del Concejo de Neiva y el cabildante Cristhian Rubther Bautista Cachaya, por presuntas irregularidades relacionadas con la aplicación de una suspensión temporal de sus derechos de voz y voto, impuesta por el partido Nuevo Liberalismo.
El documento, presentado el 4 de noviembre de 2026 por el ciudadano Gilberto Silva Ipus, señala como disciplinables al presidente del Concejo, Dagoberto Gómez Méndez, y a los concejales Luis Humberto Perdomo Moreno y Lina Alexandra Guzmán Perdomo, integrantes de la Mesa Directiva, además de Bautista Cachaya.
Según la queja, el Nuevo Liberalismo impuso al concejal una medida cautelar mediante el Auto TNG-007 de 2026, que fue comunicada a la corporación el 2 de octubre. La decisión contemplaba la suspensión temporal de sus derechos de participación con voz y voto.
Sin embargo, el denunciante sostiene que la Mesa Directiva se negó a hacer efectiva la restricción y permitió que el cabildante continuara interviniendo y votando en sesiones plenarias y de comisiones. Como antecedente, menciona la expedición de la Resolución 0124 del 9 de octubre de 2026, mediante la cual la Mesa Directiva decidió inaplicar la medida partidista.
Para Silva Ipus, esta actuación representaría una presunta extralimitación de funciones, pues considera que la corporación no tendría competencia para revisar la legalidad de las decisiones internas de los partidos políticos. También advierte posibles afectaciones al régimen de bancadas y a la validez de las decisiones adoptadas con participación del concejal.
Uno de los puntos más delicados de la denuncia es la posible incidencia sobre el funcionamiento administrativo y democrático del Concejo. El quejoso advierte que la participación del cabildante podría alterar el cuórum y las mayorías en decisiones municipales, con eventuales consecuencias jurídicas.
Por ello, solicitó a la Procuraduría abrir investigación disciplinaria contra los cuatro concejales y decretar como medida cautelar la suspensión inmediata de la participación con voz y voto de Bautista Cachaya en las sesiones plenarias y de comisión.
Además, pidió que se examinen posibles conductas de prevaricato por acción y por omisión, planteamientos que deberán ser valorados por las autoridades competentes.
La queja también solicita revisar las actas de las sesiones posteriores al 2 de octubre y los documentos que acrediten la firmeza de la decisión partidista. Hasta el momento, el documento corresponde a una denuncia ciudadana y no constituye una declaración de responsabilidad disciplinaria o penal. La Procuraduría deberá determinar si existen méritos para iniciar las actuaciones correspondientes.
