La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Cristian Fernando Cañón Bernal, exsecretario de Infraestructura de la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina durante el periodo 2024-2026, por presuntamente ejercer funciones públicas pese a encontrarse inhabilitado para ocupar cargos en el Estado.
De acuerdo con la información del organismo de control, el proceso disciplinario busca establecer si el exfuncionario desconoció una sanción que le había sido impuesta con anterioridad y que le impedía desempeñar cargos públicos durante un periodo de ocho años y seis meses.
La medida disciplinaria habría tenido origen en actuaciones relacionadas con su gestión anterior como subdirector de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique). En ese proceso, Cañón Bernal habría sido sancionado con destitución e inhabilidad general, decisión que, según la Procuraduría, ya se encontraba ejecutoriada cuando asumió sus funciones en la administración departamental.
La investigación se concentra en determinar por qué, pese a la existencia de esa decisión disciplinaria, el entonces secretario habría continuado ejerciendo responsabilidades dentro de la Gobernación de San Andrés.
Según la valoración preliminar del ente de control, el investigado habría actuado de manera consciente y voluntaria, con conocimiento de la inhabilidad que recaía sobre él. Por esta razón, la conducta fue calificada provisionalmente como falta grave a título de dolo.
Con la formulación del pliego de cargos, la Procuraduría avanza en el proceso disciplinario para esclarecer las circunstancias en las que Cañón Bernal habría desempeñado el cargo y establecer si incurrió en una nueva falta al desconocer la sanción previamente impuesta.
El exfuncionario tendrá la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, presentar explicaciones y solicitar o aportar las pruebas que considere necesarias durante el desarrollo de la actuación.
La formulación de cargos no constituye una sanción definitiva ni determina por sí sola la responsabilidad del investigado. La decisión final dependerá de las pruebas y del análisis que adelante la autoridad disciplinaria.
