La Fiscalía General de la Nación incautó seis teléfonos celulares durante diligencias judiciales en Bogotá y Barranquilla, como parte de una investigación por presuntas irregularidades en la financiación de las campañas de Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía durante la consulta interna del Pacto Histórico, realizada el 26 de octubre de 2025.
Los procedimientos fueron ejecutados por integrantes de la Policía Nacional adscritos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), en cumplimiento de una orden de policía judicial emitida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, con autorización de un juez de control de garantías. Las diligencias incluyeron registros personales a seis ciudadanos.
La investigación busca establecer si existieron irregularidades en la contratación de empresas que habrían suministrado bienes y servicios a las campañas de los entonces precandidatos presidenciales, así como determinar el origen y la trazabilidad de los recursos reportados.
Uno de los aspectos examinados corresponde a un aporte en especie cercano a los 609 millones de pesos, registrado por la campaña de Iván Cepeda a nombre de Samat Publicidad S.A.S. También figura un aporte aproximado de 116 millones de pesos atribuido a su representante, Javier Antonio Pérez Páez.
En el caso de Carolina Corcho, los reportes financieros incluyeron créditos por cerca de 723 millones de pesos relacionados con la empresa Custeau Chefcito Sigi M.I. J.V., dedicada al negocio de comidas preparadas. Estas operaciones han generado interrogantes sobre la capacidad comercial de la compañía para respaldar los montos reportados.
Las autoridades deberán establecer si las transacciones cuentan con los soportes contables correspondientes y si los bienes, servicios y créditos declarados se ajustaron a las normas de financiación electoral.
En septiembre de 2026, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra Cepeda por posibles irregularidades en la financiación de la consulta. La Fiscalía adelanta actuaciones para recopilar elementos probatorios y esclarecer los hechos.
La incautación de los dispositivos no implica responsabilidad penal de los involucrados. La investigación continúa en etapa de indagación y busca determinar si existieron conductas contrarias a la ley.
