El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso restricciones de visado a 21 personas, entre ellas siete colombianos y sus familias. La medida incluye al expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa, al alcalde de Sincelejo Yahir Acuña y a tres procesados por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Restricciones de visado a colombianos
Entre los afectados por la medida figuran Wadith Manzur, Karen Manrique y Liliana Bitar, tres de los seis congresistas y excongresistas juzgados por la Corte Suprema de Justicia en el caso Ungrd. Los otros tres procesados en ese juicio —Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz— no aparecen en la lista de siete colombianos.
El Departamento de Estado enmarcó la decisión en su campaña regional contra la corrupción y el narcotráfico. La legislación migratoria estadounidense faculta al secretario de Estado para negar visas cuando considere que el ingreso o las actividades de una persona tendrían consecuencias adversas graves para la política exterior del país. La restricción anunciada también cobija a los familiares de las personas señaladas.
Roa, expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, afronta investigaciones judiciales. La Fiscalía lo acusó por presunto tráfico de influencias relacionado con la compra de un inmueble a bajo costo a un empresario que posteriormente obtuvo contratación pública. También indaga movimientos financieros vinculados con la financiación de la campaña.
Acuña, alcalde de Sincelejo, tiene investigaciones abiertas por presunto enriquecimiento ilícito y posibles anomalías en la contratación del Programa de Alimentación Escolar. La Fiscalía trasladó cuatro expedientes que estaban en despachos de Sucre a la Dirección Especializada contra la Corrupción en Bogotá.
El juicio por la Ungrd
La Corte Suprema juzga a los seis congresistas y excongresistas por presunto cohecho impropio. De acuerdo con la acusación, habrían recibido promesas de obras de la Ungrd a cambio de apoyar solicitudes de crédito del Gobierno en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Manzur y Bitar están vinculados en ese expediente con una obra en Cotorra, Córdoba, y Manrique con otra en Saravena, Arauca.
Las defensas buscaron frenar el juicio mediante solicitudes de nulidad, pero la Sala de Primera Instancia las negó. Manzur cuestionó su acusación durante la audiencia preparatoria y pidió anular el proceso. Bitar había rechazado su vinculación con gestiones ante la Ungrd cuando su nombre apareció en la investigación.
La Sala también mantuvo en el proceso las declaraciones de Olmedo López, Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides ante la Fiscalía. Como siguiente paso probatorio, ordenó un peritaje informático independiente a sus celulares para establecer si es posible recuperar registros borrados. Además, dispuso un dictamen sobre eventuales perjuicios, con un plazo de 15 días hábiles.
