La Fiscalía ordenó compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia tras recibir información de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, sobre una posible participación de excongresistas del partido Comunes en el asesinato. La remisión abre un examen de esos señalamientos ante el tribunal, sin que la medida atribuya responsabilidades penales.
Alcance de la compulsa de copias
La orden de remisión se tomó el 20 de octubre de 2026. Un día después, la delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, la comunicó al ministro de Justicia, Iván Cancino, en respuesta a un oficio que él había enviado a la Fiscalía dos días antes.
El documento no identifica a los aforados objeto de la compulsa. La Fiscalía indicó que actuó en atención a los hechos informados por Tarazona y citó los artículos 186 y 235 de la Constitución Política, relacionados con la competencia sobre aforados. Corresponderá a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema determinar si existen elementos suficientes para abrir una indagación contra excongresistas.
Entre los nombres mencionados públicamente por Tarazona está Luis Alberto Albán, conocido como Marcos Calarcá, exintegrante de las Farc y exrepresentante a la Cámara por Comunes. El Ministerio de Justicia había pedido investigar si Albán participó en la organización del atentado. Su mención forma parte de los señalamientos bajo examen, no de una conclusión de la Fiscalía.
Comunicaciones bajo verificación
Tarazona afirmó haber recibido información que vincularía a Albán con la autoría intelectual del crimen. También mencionó un chat que, según dijo, llegó a un funcionario público en abril de 2025, antes del atentado contra Uribe Turbay. La viuda sostuvo además que la orden habría salido del Congreso y que los recursos para el plan habrían llegado de Venezuela.
La Fiscalía no validó esas afirmaciones. En su comunicación al ministro, explicó que trabaja con la información aportada por Tarazona y su representación de víctimas, incluida la verificación de los datos, las fuentes y el origen de las comunicaciones. También examina su eventual relación con los hechos y con las personas mencionadas.
Diez exintegrantes de Comunes, entre ellos Julián Gallo, Pablo Catatumbo y Sandra Ramírez, rechazaron la afirmación de que la orden hubiera salido del Congreso. Dijeron estar dispuestos a atender los requerimientos de las autoridades y señalaron que podrían acudir a acciones legales para defender su honra y buen nombre.
Para investigar el homicidio, la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá creó un Grupo de Tareas Especiales el 19 de junio de 2025. Está integrado por cuatro fiscales dedicados al expediente, con apoyo de investigadores del CTI, la Sijín y la Dijín. Jaramillo Rivera sostuvo que la investigación busca establecer a los determinadores del crimen, además de avanzar en la judicialización de sus autores materiales.
La Sala de Instrucción deberá ahora examinar la información remitida y decidir si hay fundamento para indagar a excongresistas. En paralelo, la Fiscalía continúa verificando las comunicaciones entregadas por Tarazona dentro de las líneas de investigación abiertas por el asesinato de Miguel Uribe Turbay.
