La Fiscalía remitió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia que menciona al expresidente Gustavo Petro en el llamado Pacto de Valledupar. La instancia deberá examinar los señalamientos sobre reuniones entre delegados de su gobierno y exjefes paramilitares, presuntamente vinculadas con declaraciones contra dirigentes políticos antes de las elecciones presidenciales de 2026.
El Pacto de Valledupar bajo indagación
La remisión se ordenó el 31 de agosto, cuando la Fiscalía abrió una noticia criminal en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia. El ente acusador explicó que compulsó copias por competencia porque la denuncia que dio origen a la indagación expone conductas que involucrarían a Petro, entonces presidente de la República.
Las actuaciones se refieren a encuentros realizados en Valledupar en octubre de 2025 entre funcionarios del gobierno de Petro y antiguos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia. La Fiscalía describió el objeto de su indagación como un supuesto acuerdo para obtener declaraciones contra figuras de la política nacional de cara a la campaña presidencial.
Entre los dirigentes mencionados en las denuncias figuran Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso afirmó que delegados del Gobierno pidieron a antiguos comandantes de las autodefensas acusarlos «para ganar una elección». También sostuvo que ninguno aceptó y que Petro no le hizo esa petición directamente.
Los encuentros tenían como propósito oficial avanzar en el cierre del proceso de Ralito. En un mensaje publicado en X, Petro difundió un comunicado firmado tras la reunión y afirmó que esta buscaba la devolución de bienes a las víctimas, completar la verdad sobre financiadores y ofrecer seguridad jurídica conforme a la justicia restaurativa.
La Comisión debe decidir
Petro negó haber ordenado presiones para que alguien declarara contra Uribe u otro dirigente político y pidió que se hicieran públicas las actas, comunicaciones y grabaciones. La compulsa de copias pone la denuncia en conocimiento de la Comisión de Acusación; no constituye una imputación ni establece que el expresidente haya cometido un delito.
Por su parte, la Procuraduría abrió una indagación sobre la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Angie Rodríguez, y el exministro del Interior Armando Benedetti. Su actuación busca establecer si conocieron o participaron en el presunto plan para obtener declaraciones de los exjefes paramilitares durante la campaña. La entidad también ordenó una inspección en el Dapre y solicitó registros de asistentes, grabaciones e informes del encuentro.
La Fiscalía continúa con la recuperación de pruebas y otros elementos de evidencia relacionados con las reuniones. En cuanto a Petro, corresponde ahora a la Comisión de Acusación revisar las copias remitidas y decidir si abre una investigación formal.
