El Tribunal Superior de Neiva rechazó de manera enérgica los ataques armados registrados en los municipios de Palermo y Teruel, Huila, que han generado preocupación por la seguridad de la población civil y el funcionamiento de las instituciones públicas.
La corporación judicial hizo un llamado urgente al Gobierno y a la Fuerza Pública para fortalecer las medidas de prevención y protección en el departamento.
Mediante un comunicado oficial emitido el viernes 16 de octubre de 2026, bajo la presidencia del magistrado Alberto Poveda Perdomo, la Sala Plena advirtió sobre la gravedad de estos hechos y el riesgo que representan para la vida, la integridad y los bienes de los habitantes.
El pronunciamiento también puso de relieve las afectaciones contra la administración de justicia, luego de que las instalaciones institucionales y otras edificaciones públicas quedaran expuestas en medio de los episodios violentos. Para el Tribunal, estas acciones generan temor en las comunidades y comprometen las condiciones necesarias para garantizar el acceso a la justicia y el funcionamiento de las instituciones.
La corporación expresó su solidaridad con las personas y entidades afectadas, al tiempo que solicitó una respuesta coordinada de las autoridades para contener la violencia, proteger a los funcionarios y recuperar la tranquilidad en los municipios.
Ataques con drones aumentan la preocupación
El pronunciamiento se produce en medio de una compleja situación de orden público en el norte del Huila. Entre el jueves 15 y el viernes 16 de octubre se reportaron ataques con drones y detonaciones de artefactos explosivos contra instalaciones de la Fuerza Pública y edificaciones institucionales en Palermo y Teruel.
En Palermo, dos uniformados resultaron heridos y se reportaron daños en inmuebles cercanos. En Teruel, las autoridades recibieron reportes de varias explosiones y se activaron medidas preventivas para proteger a la población.
La situación mantiene en alerta a las autoridades y a los habitantes de ambos municipios. El desafío inmediato consiste en esclarecer los hechos, identificar a los responsables y evitar nuevos ataques que pongan en riesgo a la ciudadanía.
El llamado del Tribunal evidencia la preocupación institucional frente a una escalada de violencia que exige acciones concretas, coordinación interinstitucional y garantías efectivas de seguridad para las comunidades huilenses.
