El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, mediante el cual modifica y adiciona disposiciones al Decreto 003 de 2021, relacionado con el Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y la protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana.
La nueva normativa, expedida en vísperas de las movilizaciones convocadas para este miércoles 14 de octubre, busca establecer un equilibrio entre la garantía de la manifestación pública pacífica y la protección de otros derechos fundamentales, como la vida, la salud, la movilidad, el trabajo y el acceso a servicios esenciales.
Entre las disposiciones contempladas se encuentra el acompañamiento policial a una distancia de cuatro metros de las manifestaciones. Además, el decreto amplía las conductas que pueden ser consideradas expresiones de violencia, incluyendo el lanzamiento de objetos, los daños a la infraestructura pública y la retención de personas.
Otro de los aspectos relevantes está relacionado con la intervención de la Fuerza Pública. La normativa contempla actuaciones mediante el uso de la fuerza incluso cuando no se hayan agotado las etapas del diálogo, en las circunstancias previstas por el decreto y bajo las reglas aplicables al uso legítimo y proporcional de la fuerza.
La disposición también establece obligaciones para las autoridades territoriales y la Fuerza Pública, que deberán habilitar y mantener “corredores solidarios” para garantizar el tránsito de ambulancias, el transporte de insumos hospitalarios y alimentos, así como la movilidad de personas que requieren especial protección.
De igual manera, las autoridades deberán diseñar planes de manejo de tránsito y habilitar rutas alternas para reducir las afectaciones a la movilidad durante las jornadas de protesta.
La aplicación de estas medidas será clave durante las movilizaciones previstas en distintas ciudades del país. Su implementación deberá armonizar la actuación de las autoridades con el respeto por los derechos fundamentales y las garantías constitucionales de quienes participen pacíficamente en las manifestaciones.
El alcance de las nuevas disposiciones y su aplicación concreta dependerán de las circunstancias de cada intervención y del cumplimiento de los límites legales establecidos para el uso de la fuerza.
