La reciente alteración del orden público registrada en Aipe, donde un ataque con explosivos lanzados mediante drones afectó las instalaciones de la estación de Policía, volvió a encender las alarmas de las autoridades del Huila.
Aunque no se reportaron víctimas ni daños estructurales de consideración, el hecho evidencia el uso creciente de esta modalidad contra la fuerza pública.
Con este caso, ya son seis ataques con drones registrados durante los últimos dos meses en diferentes puntos del departamento. Estos hechos dejan, hasta el momento, un saldo de un uniformado muerto y tres más heridos, según el balance conocido por las autoridades.
La utilización de aeronaves no tripuladas para transportar y lanzar artefactos explosivos se ha convertido en uno de los principales desafíos de seguridad para las instituciones encargadas de proteger zonas rurales y puestos de vigilancia.
Desde el pasado 7 de agosto, se han registrado ataques de este tipo contra estaciones e instalaciones militares y policiales ubicadas en sectores de Teruel, La Plata, el centro poblado de Gallego, Aipecito y Aipe.
Las autoridades atribuyen estos hechos a estructuras armadas ilegales que estarían recurriendo a tecnologías de fácil acceso para aumentar su capacidad de ataque y reducir la exposición de sus integrantes.
Uno de los principales retos está relacionado con la dificultad para proteger de manera permanente todas las instalaciones, especialmente aquellas ubicadas en áreas rurales y de difícil acceso. A esto se suma que los drones comerciales pueden adquirirse en mercados internacionales por precios relativamente bajos, que partirían de aproximadamente 800.000 pesos, dependiendo de sus características.
El incremento de estos ataques mantiene la preocupación de las autoridades departamentales, que analizan nuevas medidas de prevención y reacción para proteger a los uniformados y a las comunidades cercanas a las instalaciones afectadas.
