El exfiscal general Francisco Barbosa presentó una denuncia penal ante la Fiscalía para que investigue presuntos seguimientos, interceptaciones y consultas de datos en su contra durante el gobierno de Gustavo Petro. La actuación se produce tras la divulgación de hallazgos de una auditoría forense a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Alcance de la denuncia de Barbosa
La denuncia fue presentada en averiguación de responsables por conducto de su apoderado, Juan Camilo Caicedo. Barbosa pidió investigar presuntas interceptaciones telefónicas sin orden judicial, seguimientos ilícitos y búsquedas selectivas en bases de datos que, de acuerdo con su relato, ocurrieron mientras ejercía como fiscal general.
El exfiscal afirmó que él y su familia habrían sido víctimas de esas actuaciones. «Me siento perseguido», declaró. También solicitó establecer si participaron distintos organismos del Estado y determinar qué destino tuvo la información presuntamente obtenida. En sus declaraciones mencionó a la UIAF, la DIAN y la DNI como entidades relacionadas con los hechos que pide esclarecer.
Barbosa sostuvo que las presuntas actuaciones ocurrieron mientras la Fiscalía investigaba asuntos relacionados con el hijo del entonces presidente Gustavo Petro. También afirmó que Martha Mancera, exvicefiscal, habría sido objeto de una estrategia de «destrucción reputacional». Esas afirmaciones forman parte de sus señalamientos y de la investigación que solicitó.
Auditoría y material bajo custodia
La denuncia siguió a la divulgación de una auditoría forense a la DNI ordenada por el gobierno de Abelardo De La Espriella. El reporte menciona presuntos seguimientos irregulares a exfuncionarios y otras figuras públicas. Entre los nombres señalados figuran Barbosa, Mancera, los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque y la excandidata presidencial Vicky Dávila.
Entre los elementos remitidos a la Fiscalía se encuentran 147 terabytes de información, 40 equipos de cómputo y cinco celulares y tabletas, bajo cadena de custodia. La publicación que divulgó la auditoría indicó además que cerca del 20 % de los más de 500 funcionarios de la DNI estaría colaborando con testimonios y documentos.
Barbosa pidió celeridad en la investigación para evitar la pérdida o alteración de material probatorio. Señaló que Caicedo estará al frente de su representación y del seguimiento al proceso, con el propósito de identificar a los responsables de las actuaciones que denunció.
