El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó las visas de la senadora colombiana Martha Peralta y del empresario Euclides Torres, así como las de integrantes de sus familias. La decisión, anunciada el 28 de septiembre, forma parte de una política regional de restricciones de ingreso vinculada por Washington con la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.
Alcance de las visas revocadas
El comunicado identifica a Martha Isabel Peralta Epieyu como senadora afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). También incluye a Euclides Antonio Torres Romero, empresario propietario de un conglomerado que opera principalmente en energía, señalización vial e iluminación pública.
La medida comprende visas que ya habían sido expedidas a los dos colombianos y a sus familias. El anuncio se enmarca en una serie de restricciones aplicadas a ciudadanos de otros países de la región, entre ellos Bolivia, Ecuador y Perú.
El Departamento de Estado presentó la decisión como parte de los compromisos de la iniciativa Escudo de las Américas. Su política, explicó, restringe visas a ciudadanos extranjeros y familiares directos por actividades de corrupción o narcotráfico que, a juicio del Gobierno estadounidense, atentan contra gobiernos elegidos democráticamente.
Esa formulación expone el criterio general de Washington para las restricciones, pero el comunicado no atribuye a Peralta ni a Torres una conducta específica. Entre las personas alcanzadas por las medidas en otros países figuran cargos policiales y fiscales, un empresario boliviano y un magistrado de Lima.
Antecedentes de la senadora
Peralta está bajo investigación por tráfico de influencias y cohecho impropio en relación con el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Se trata de un proceso distinto de la decisión sobre su visa: el anuncio estadounidense no establece una relación específica entre ambos.
La investigación examina el presunto direccionamiento de un contrato por $2.170 millones, firmado el 25 de octubre de 2023 para contratar 7.500 horas de maquinaria amarilla y volquetas en Riohacha, La Guajira. En junio, la Corte Suprema ordenó la captura de la congresista al advertir un posible riesgo de fuga durante las diligencias de indagatoria.
El exdirector de la UNGRD Olmedo López declaró ante la justicia que Peralta acudió a una reunión en la entidad con contratistas y planteó que fueran contratados para trabajos en La Guajira. Sus señalamientos forman parte de la investigación y no son la justificación individual expuesta por Estados Unidos para revocar la visa.
En el plano regional, el Departamento de Estado vinculó las restricciones con compromisos asumidos en la Cumbre de Doral y reafirmados en la declaración del Escudo de las Américas del 22 de septiembre. Washington anunció que la iniciativa coordinará sanciones, designaciones y acciones financieras.
