La Asamblea del Huila aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza que autoriza al gobernador Rodrigo Villalba Mosquera a gestionar y contratar un cupo de endeudamiento de hasta $80.000 millones para financiar proyectos estratégicos durante la recta final de su administración.
La iniciativa recibió 12 votos positivos de los 12 diputados presentes en la sesión plenaria realizada este 25 de septiembre. Los recursos podrán ser destinados a proyectos de infraestructura y programas relacionados con agricultura y desarrollo rural, minas y energía, educación, vivienda, transporte, salud, protección social y gobierno territorial.
De acuerdo con la Administración Departamental, las inversiones estarán articuladas con las metas del Plan de Desarrollo “Por un Huila Grande” 2024-2027 y buscarán contribuir al cierre de brechas territoriales, fortalecer la competitividad y conectividad y mejorar la prestación de servicios públicos.
El gobernador Rodrigo Villalba señaló que la autorización representa una herramienta para continuar gestionando recursos y ejecutando obras durante los meses restantes de su mandato.
La Administración Departamental sostuvo que la operación fue estructurada bajo parámetros de responsabilidad y sostenibilidad fiscal. Además, indicó que los proyectos financiados podrían generar empleo y aumentar la demanda de bienes y servicios locales.
Durante el trámite, la Asamblea modificó el artículo segundo para precisar la destinación de los recursos. Estos deberán dirigirse exclusivamente a los programas de inversión sustentados por el Gobierno ante la corporación y no podrán ser trasladados entre sectores ni utilizados en proyectos diferentes a los aprobados.
La ordenanza también establece informes semestrales, en abril y octubre, sobre el avance técnico, financiero y físico de los recursos. Además, dentro de los 30 días siguientes al primer desembolso, la Administración deberá informar las condiciones del crédito y la destinación de los recursos.
El trámite comenzó el primero de septiembre en la Comisión Primera de Hacienda y Asuntos Económicos y culminó con la aprobación en segundo debate durante la sesión plenaria del 25 de septiembre.
