El presidente colombiano Abelardo de la Espriella convirtió imágenes de operativos contra presuntos grupos armados en una demostración pública de su política de seguridad. Los videos, cuestionados por figuras políticas y por la Defensoría del Pueblo, fueron objeto de una orden judicial provisional para ocultarlos de redes sociales mientras se resuelve una petición de retiro.
Una narrativa de ofensiva
De la Espriella difundió un primer video después de un operativo de las fuerzas militares en Guaviare, donde murieron 23 presuntos integrantes de disidencias de las Farc y dos menores de edad. En una secuencia de más de siete minutos, el mandatario entrega detalles de las operaciones y aparece caminando entre cadáveres de presuntos guerrilleros.
El politólogo Carlos Cortés interpreta que la exposición de esas escenas busca mandar un mensaje de fuerza e intimidación. Para Elizabeth Dickinson, analista de International Crisis Group, las imágenes enfatizan una narrativa de ofensiva y de control estatal frente a actores criminales.
La puesta en escena se corresponde con la línea que De la Espriella sostuvo durante su campaña, centrada en la mano dura contra la delincuencia y en intensificar la lucha contra los grupos armados. En sus apariciones públicas también utilizó chaleco antibalas, atriles blindados y consignas contra lo que denomina “narcoterrorismo”.
Catalina Suárez, estratega política, consideró que esos recursos simbólicos proyectan que el presidente no se amedrenta. La difusión de los videos prolonga esa imagen de autoridad ya desde el gobierno, en un país donde la seguridad y el orden público figuran entre las principales preocupaciones ciudadanas reflejadas en encuestas.
Críticas y medida judicial
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó las imágenes y sostuvo que el Estado y el Gobierno no pueden competir por demostrar quién puede ser más cruel. Añadió que, incluso en la guerra, existen límites y que la dignidad humana no desaparece con la muerte.
La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, calificó la difusión como “necrofilia mediática”. Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial, afirmó que “el autoritarismo mafiosongo no respeta la vida ni la muerte”. En contraste, el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, defendió que el Estado cumple el deber constitucional de combatir a criminales que ejercen terror.
Pese a las críticas iniciales, dos días después De la Espriella publicó nuevas imágenes junto a cadáveres tras una operación en La Guajira. En ella murieron Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor; su pareja, Angélica Tarazona, alias La Bebecita; y otras dos personas.
Un juez de Bogotá aceptó una petición de un legislador del Partido Verde y ordenó de forma provisional ocultar las publicaciones mientras se espera un fallo definitivo. La decisión no implica la eliminación definitiva del material, que fue publicado en la cuenta oficial de Instagram de la Presidencia.
Dickinson señaló que este tipo de exhibiciones de autoridad tiene antecedentes en Colombia, incluidas imágenes que circularon durante la lucha contra Pablo Escobar y los carteles, así como en el gobierno de Álvaro Uribe. La analista advirtió que, en comunidades afectadas por el conflicto armado, el énfasis visual en el recuento de muertos puede resultar escalofriante.
