Juliana Guerrero fue condenada a tres años de prisión tras aceptar, mediante un preacuerdo con la Fiscalía, su responsabilidad por fraude procesal relacionado con dos títulos obtenidos irregularmente en la Fundación Universitaria San José. La negociación redujo su participación de autora a cómplice y fijó además una inhabilidad para cargos públicos y una multa.
El preacuerdo de Juliana Guerrero
El juez de conocimiento de Bogotá avaló el acuerdo y emitió la condena después de que Guerrero se declarara culpable de actualizar su hoja de vida en el Sigep y presentar documentos ante el Ministerio de Igualdad para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes. La procesada reconoció que actuó para beneficiarse ilegalmente en esa aspiración.
La pena quedó en 36 meses de prisión, dos años y medio de inhabilidad para ocupar cargos públicos y una multa de 100 salarios mínimos. El monto se explicó por la modificación aplicada por la Fiscalía en el preacuerdo: el fraude procesal pasó de ser atribuido a Guerrero como autora a ser considerado una conducta en calidad de cómplice.
El fraude procesal contempla una pena de seis a 12 años de cárcel. Camilo Burbano, penalista consultado sobre el acuerdo, señaló que la rebaja partió del mínimo de seis años y aplicó la reducción máxima por la degradación de la forma de participación de autora a cómplice.
Durante la audiencia, la fiscal Jessica Montealegre sostuvo que Guerrero conocía la falsedad de los títulos y que no cumplió los requisitos para su expedición. Los documentos correspondían a un título como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y otro como profesional en Contaduría Pública.
Documentos usados para aspirar al cargo
El juez recordó que el 3 de septiembre de 2025 cargó dos diplomas al Sigep con los que pretendía acreditarse como profesional en contaduría pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria. El despacho consideró que tenían apariencia y firmas institucionales capaces de generar confianza y producir efectos jurídicos.
La Fiscalía expuso que Guerrero había cursado ocho semestres en una universidad del Cesar y luego buscó homologar su recorrido académico en Bogotá mediante gestiones irregulares. También indicó que los diplomas fueron anexados a su hoja de vida con el propósito de inducir en error a funcionarios encargados de verificar los requisitos en el Ministerio de Igualdad.
En su intervención, Guerrero admitió: “realicé fraude procesal” al actualizar su información en el Sigep y presentar los documentos para aspirar a ser viceministra. Además, pidió perdón al país, a su familia, a quienes confiaron en ella y a integrantes de la Fundación Universitaria San José.
La condena de prisión fue suspendida de manera condicional por decisión del juez. El beneficio fue concedido al considerar que se cumplían los requisitos legales, entre ellos que la pena fuera inferior a cuatro años, que Guerrero no registrara antecedentes y que el delito no estuviera dentro de las excepciones previstas.
En el mismo caso, Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, fue condenado a tres años tras un preacuerdo por falsedad en documento público. La investigación estableció que tramitó los títulos en favor de Guerrero.
