La juez 34 de Familia de Bogotá, Viviana Arciniegas Gómez, ordenó cautelarmente a la Presidencia y las Fuerzas Militares abstenerse de realizar operaciones aéreas ofensivas cuando exista información verificable sobre menores reclutados o utilizados por grupos armados.
Condiciones para las operaciones aéreas
La medida se mantendrá mientras se decide una acción de tutela. Cobija a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Militares, así como al Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Armada Nacional, dentro de las competencias de cada entidad.
El auto de ocho páginas aplica a objetivos donde haya información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados. Antes de una acción aérea ofensiva deberán adoptarse y verificarse medidas de precaución y protección.
Las autoridades también deberán establecer, con la información disponible y los protocolos operacionales aplicables, que no existe una alternativa operacional menos lesiva para alcanzar el objetivo militar legítimo perseguido.
La decisión no ordena suspender de forma general las operaciones militares ni prohíbe absolutamente las acciones legítimas de la Fuerza Pública. La restricción se concentra en operaciones aéreas ofensivas proyectadas en lugares con presencia reportada de menores reclutados o utilizados.
Tutela y protección reforzada
La tutela fue presentada por Ower Jimmy Borda Parra en favor de niños, niñas y adolescentes presuntamente reclutados o utilizados por grupos armados que podrían estar en zonas donde la Fuerza Pública adelante operaciones aéreas ofensivas.
Al decretar la medida provisional, el juzgado indicó que busca garantizar una protección reforzada de los derechos a la vida y a la integridad personal de los menores. La juez recordó la prevalencia constitucional de esos derechos y las obligaciones especiales de protección estatal en el conflicto armado.
En esta etapa preliminar, el despacho identificó elementos de gravedad e inminencia a partir de información sobre operaciones militares recientes en Catatumbo y Guaviare, en las que habrían fallecido menores de edad.
La acción también vinculó a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el ICBF, la Fiscalía, la Unidad para las Víctimas, Medicina Legal y la Justicia Penal Militar y Policial. La orden cautelar se mantiene hasta que el juzgado adopte una decisión de fondo sobre la tutela.
