La Veeduría por la Verdad y la Justicia solicitó la intervención de los organismos de control para revisar el proceso de designación de Juan Carlos Hurtado como presidente encargado de Ecopetrol, una de las empresas más importantes del país.
La organización pidió a la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República adelantar las verificaciones que consideren pertinentes, con el propósito de establecer si existen posibles conflictos de interés o circunstancias que puedan comprometer la transparencia y la adecuada administración de los recursos públicos.
Solicitan verificar posibles conflictos de interés
De acuerdo con la Veeduría, ha recibido información y denuncias provenientes de diferentes fuentes que plantean posibles relaciones, intereses o circunstancias alrededor del nombramiento de Hurtado. La organización considera que, de ser corroborados por las autoridades competentes, estos hechos podrían generar interrogantes sobre la independencia administrativa y la gestión del patrimonio público de Ecopetrol.
En ese sentido, la entidad pidió que se determine si existen vínculos o situaciones que puedan afectar la toma de decisiones al interior de la compañía. Según la información entregada por la Veeduría, la ejecución presupuestal durante el periodo de encargo alcanzaría cerca de 80 billones de pesos, razón por la cual considera necesario garantizar la transparencia en la dirección de la empresa.
La organización también puso en conocimiento de los organismos de control información según la cual la hoja de vida del actual presidente encargado habría sido impulsada o respaldada, presuntamente, por personas que han sido relacionadas en escenarios públicos y mediáticos con el denominado “cartel de los catalanes” en Colombia.
Piden esclarecer señalamientos sobre el nombramiento
La Veeduría señaló además que, según las denuncias recibidas, algunas de las personas mencionadas habrían sido objeto de investigaciones o señalamientos por parte de autoridades de diferentes países de América Latina.
No obstante, la organización enfatizó que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes verificar la veracidad de estas informaciones, establecer si existen vínculos y determinar si los mismos tienen alguna relevancia jurídica, fiscal o disciplinaria.
Por esta razón, solicitó que se adelanten las actuaciones investigativas necesarias para esclarecer los hechos y despejar cualquier duda que pueda afectar la confianza ciudadana en la administración de Ecopetrol. La Veeduría insistió en que la dirección de la empresa debe responder al interés general y estar guiada por criterios de mérito, transparencia e independencia.
Finalmente, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que las decisiones relacionadas con la conducción de Ecopetrol se adopten bajo estos principios y pidió a los organismos de control actuar con diligencia frente a cualquier denuncia o información relevante.
La organización reiteró que sus solicitudes deben entenderse dentro del marco del debido proceso y la presunción de inocencia, por lo que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar la veracidad y alcance de los señalamientos mencionados.
