El congelamiento del gasto público será la primera señal fiscal que plantea el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella: el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, dijo que al comenzar la administración expedirá un decreto del 7 de agosto para frenar partidas que aún no se hayan ejecutado y revisar otros rubros antes de que se conviertan en obligaciones del Estado.
Decreto del 7 de agosto: parar lo que no ha arrancado y revisar antes de comprometer recursos
La medida, explicó Gómez Martínez, apunta a detener de entrada la ejecución de recursos cuya puesta en marcha no haya comenzado. Además, plantea un filtro previo sobre otros gastos para evaluarlos antes de que “corran”, es decir, antes de que queden atados como compromisos de pago para el Estado.
El ministro designado presentó el anuncio como una decisión de caja. En su diagnóstico, entre enero y abril el Estado habría venido gastando cerca de 40 billones de pesos al mes, mientras recauda alrededor de 28 billones de pesos. Esa brecha, según su versión, se ha cubierto con endeudamiento.
En el mismo mensaje, cuestionó que el gasto siguiera creciendo pese a un decreto de austeridad del Gobierno saliente. También comparó el peso de la deuda con una frase ilustrativa: aseguró que “un bebé al nacer hoy en Colombia ya debe 20 millones de pesos”.
Subsidios: “no se van a tocar”, pero habrá depuración; el foco se endurece en los contratos OPS
Gómez Martínez sostuvo que los subsidios dirigidos a poblaciones vulnerables “no se van a tocar”. Sin embargo, dijo que impulsará una depuración para identificar posibles beneficiarios “colados”, con el argumento de proteger esos apoyos y reducir filtraciones que —en su lectura— presionan el gasto.
El énfasis más crítico lo puso en la contratación por órdenes de prestación de servicios (OPS). Con cifras que atribuyó a la Contraloría General, afirmó que en enero de 2026, antes de la Ley de Garantías, se firmaron 523.000 contratos por 33 billones de pesos. A partir de ese dato, cuestionó la “opacidad” para determinar cuántos estarían ligados a favores políticos.
Deuda y tributaria en el paquete, mientras el empalme cruza señalamientos fiscales
Junto con el congelamiento del gasto público, Gómez Martínez dijo que desde el 7 de agosto buscarán reperfilar la deuda, es decir, mover vencimientos de corto plazo para extenderlos. En sus estimaciones, la deuda habría pasado de casi 900 billones de pesos en 2022 a unos 1.300 billones de pesos, y mencionó operaciones recientes a tasas que calificó como inusualmente altas para la Nación.
En materia tributaria, anticipó que su primera apuesta será simplificar el Estatuto Tributario y reducir el número de tributos administrados por la Dian. También afirmó que propondrán eliminar el impuesto al patrimonio y que pedirán al Congreso no tramitar una reforma tributaria por 30 billones de pesos que, según él, el Gobierno de Gustavo Petro presentará el 20 de julio.
El anuncio ocurre en medio del empalme en la Casa de Nariño. El 3 de julio, Petro escribió en redes sociales que aceptó el triunfo de De La Espriella —elegido el 21 de junio— para evitar hechos de violencia. Ese mismo día, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, afirmó que su equipo trasladó “ocho alertas”, entre ellas la situación fiscal; desde el Gobierno saliente, el coordinador del empalme y ministro de Hacienda, Germán Ávila, cuestionó esos señalamientos y pidió que la información sea “oficial”.
