La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles de la investigación contra Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz, y otras cinco personas, quienes son señalados de integrar una presunta red de préstamos informales conocida como «gota a gota».
Los procesados fueron imputados por los delitos de secuestro simple, secuestro agravado y tortura.
De acuerdo con el fiscal Rodrigo Restrepo, la víctima, identificada como Carlos Alfredo Mejía Vargas, fue sacada por la fuerza de su vivienda, ubicada en el barrio Ciudad Modesto, en Barranquilla, por un grupo de hombres que se movilizaba en aproximadamente diez motocicletas. Según la investigación, los implicados habrían intimidado a los ocupantes del inmueble con armas de fuego antes de llevarse al trabajador.
La Fiscalía sostiene que el hombre fue retenido luego de ser acusado de la desaparición de una suma que oscilaría entre 15 y 30 millones de pesos, dinero que presuntamente pertenecía a la organización dedicada al préstamo informal.
Durante el cautiverio, los investigados habrían exigido a la familia de la víctima el pago de 15 millones de pesos para lograr su liberación. Al conocer que los familiares no contaban con el dinero, les habrían propuesto transferir la propiedad de una vivienda a nombre de una persona vinculada con la organización, mientras continuaban las amenazas contra el retenido y sus allegados.
Las investigaciones también indican que al menos 16 cobradores habrían participado en las agresiones. Un dictamen de Medicina Legal estableció que la víctima sufrió golpes con tablas, tubos y otros objetos contundentes, además de heridas ocasionadas con arma de fuego y arma cortopunzante, lesiones que le generaron una incapacidad médica de 20 días.
Para la Fiscalía, Luis Mariano Díaz González habría desempeñado un papel de liderazgo dentro de la empresa informal «Soluciones Mano a Mano», coordinando las agresiones y las presiones ejercidas contra la familia de la víctima.
La audiencia continuará este viernes, cuando la jueza Shiela Ortega Téllez determine si los procesados aceptan los cargos y si les impone medida de aseguramiento en centro carcelario. La decisión se conocerá una vez las defensas evalúen la posibilidad de alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía.
