miércoles, junio 24, 2026
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Gobierno y Federación de Cafeteros prorrogan contrato para administrar el Fondo Nacional del Café

El Gobierno nacional y la Federación Nacional de Cafeteros acordaron extender por cinco meses el Contrato de Administración del Fondo Nacional del Café, una decisión que busca garantizar la continuidad en el manejo de los recursos destinados al sector mientras se define un nuevo modelo de administración para la próxima década.

La medida fue anunciada de manera conjunta por los ministerios de Hacienda y Agricultura, que destacaron la importancia de mantener la estabilidad institucional y financiera del sector cafetero durante el periodo de transición gubernamental. Con esta prórroga, las condiciones actuales del contrato permanecerán vigentes y se garantizará la ejecución normal de los recursos que respaldan programas y proyectos en beneficio de los productores.

Decisión quedará en manos del próximo Gobierno

Según explicaron las entidades, la extensión permitirá que la próxima administración nacional tome una decisión de fondo sobre quién administrará el Fondo Nacional del Café durante los próximos diez años. El objetivo es que el nuevo acuerdo responda a los retos actuales del sector y fortalezca la competitividad de la caficultura colombiana.

En un comunicado conjunto, los ministerios señalaron que, una vez concluya el periodo transitorio, se deberá suscribir un nuevo contrato que contribuya al bienestar de las familias caficultoras y garantice la sostenibilidad económica, social y ambiental de una de las actividades agrícolas más importantes del país.

Mensaje de confianza para los productores

Por su parte, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, destacó que el plazo adicional permitirá estructurar de manera adecuada un nuevo esquema de administración junto con el próximo Gobierno.

Asimismo, reconoció la disposición al diálogo mostrada por los ministerios de Hacienda y Agricultura durante las conversaciones que condujeron al acuerdo.

La Federación calificó la decisión como una solución temporal que protege los intereses de los caficultores y envía un mensaje de tranquilidad a cerca de 550.000 familias colombianas que dependen directa o indirectamente de la producción de café, una actividad clave para la economía nacional y el desarrollo rural.

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