Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones del Gobierno de Gustavo Petro, se ha convertido en la funcionaria de mayor rango procesada por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Después de varios meses defendiendo su inocencia, Ortiz ha solicitado un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación y estaría dispuesta a entregar información clave sobre la trama de corrupción que involucra a esta entidad.
Desde su reclusión en diciembre de 2024, Sandra Ortiz ha cambiado su postura y busca colaborar con las autoridades. Uno de los puntos más importantes en su testimonio sería la implicación de Carlos Ramón González, quien fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante el mandato de Petro.
Según fuentes cercanas al caso, Ortiz podría revelar detalles cruciales sobre la presunta participación de González en las irregularidades en la UNGRD.
De acuerdo con los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, Carlos Ramón González habría sido quien le ordenó a Sandra Ortiz organizar los eventos y reuniones en los que se planeaban los desfalcos de recursos provenientes de contratos públicos.
Los exfuncionarios señalan que González tenía un papel central en la coordinación de estos actos ilícitos, incluidos contratos millonarios que habrían sido direccionados a favor de políticos cercanos a su círculo.
Uno de los contratos más controversiales, según la Fiscalía, fue por un monto de 60 mil millones de pesos, destinado al copartidario de González, Iván Leonidas Name Vásquez, presidente del Senado de la República.
Importante que Sandra Ortiz logre concretar un acuerdo con la @FiscaliaCol para terminar de esclarecer la investigación de corrupcion incluida la UNGRD y obtenga los beneficios por colaboración eficaz derivada de señalamientos respecto de las cabezas de tales delitos de… pic.twitter.com/4XB0rAnDwC
— RED DE VEEDURIAS DE COL-Pablo Bustos Abogados (@redveeduriascol) February 6, 2025
Otros mencionados
Además, también se mencionó al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, quien habría recibido una suma considerable de dinero proveniente de los fondos de la UNGRD.
La Fiscalía también ha afirmado que Carlos Ramón González, junto con el exsenador Pedro Castro, habría facilitado los 4.000 millones de pesos utilizados para sobornar a varios congresistas. Estos pagos habrían sido realizados mientras se liberaban fondos de los contratos desviados.
Aparentemente, González y López modificaron las condiciones de los pagos a Name Vásquez y Calle Aguas, ajustando las cantidades a 3.000 millones y 1.000 millones de pesos, respectivamente.
