La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, y a otras cuatro personas por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en 2024 para el suministro de alimentos destinados a los animales del Centro de Atención y Protección Animal (CAPA). Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
La audiencia se realizó ante el Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué. Además de la mandataria, fueron imputados la asesora de despacho Johana Carolina Veloza Guio, la abogada de la Secretaría de Gobierno Jessika Soto Salas, el exsecretario de Gobierno Edward Amaya Márquez y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga.
Según la investigación de la Fiscalía y el Grupo Anticorrupción de la DIJIN, el contrato habría sido direccionado a favor de una empresa que no contaba con experiencia relacionada con el suministro de alimentos para animales y cuya actividad principal correspondía a servicios de aseo. El ente acusador también señaló presuntas irregularidades en los estudios previos y en el proceso de selección de oferentes.
De acuerdo con las pesquisas, se habrían elaborado estudios con valores superiores a los del mercado y solicitado cotizaciones únicamente a dos empresas cuyos representantes tendrían vínculos familiares, lo que habría afectado la pluralidad de oferentes exigida por la normativa. Asimismo, la Fiscalía sostuvo que algunos de los productos entregados no corresponderían a los requeridos en el contrato.
La investigación señala que estas actuaciones habrían permitido favorecer al contratista, quien presuntamente obtuvo cerca de 34,9 millones de pesos en sobrecostos. Por estos hechos, la Fiscalía imputó, según la participación de cada involucrado, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
