En abril de 2025, se cumplirá un año desde que la Superintendencia de Salud ordenó la intervención de la EPS Sanitas, una decisión tomada debido al incumplimiento de los requisitos financieros, con deudas superiores a los 2 billones de pesos.
El proceso buscaba evitar el colapso financiero de la EPS. Sin embargo, esta intervención generó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por parte de los dueños del Grupo Keralty, al que pertenece Sanitas.
El grupo empresarial, compuesto por las compañías Natanor XXI y Centauro, reclama una indemnización por perjuicios que asciende a 1.2 billones de dólares, más de 5.2 billones de pesos colombianos.
El grupo Keralty demandó a Colombia ante un tribunal internacional buscando una compensación por cerca de $5 billones por la intervención de la EPS Sanitas.
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— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 24, 2025
Según Guillermo de Lorenzo, vocero del Grupo Keralty, las medidas adoptadas por el gobierno de Gustavo Petro han sido «arbitrarias, discriminatorias e injustas», resultando en la «destrucción del valor económico» de la EPS Sanitas, afectando a accionistas, empleados y la sociedad en general.
El arbitraje fue solicitado después de varios intentos fallidos de conciliación entre las partes. De Lorenzo expresó que el gobierno colombiano no ha cumplido con sus compromisos, específicamente en garantizar la suficiencia financiera del sistema de salud.
Además, indicó que este incumplimiento ha llevado a una crisis financiera dentro del sistema de salud colombiano, lo que ha generado un déficit significativo. A pesar de los esfuerzos por resolver el conflicto de manera amistosa, la falta de solución obligó a los propietarios de Sanitas a recurrir al Ciadi para buscar una compensación por los daños causados.
