Una investigación adelantada por la Superintendencia de Transporte encendió las alarmas sobre la legalidad de millones de comparendos electrónicos en Colombia.
Tras revisar el funcionamiento de 37 organismos de tránsito del país, la entidad concluyó que cerca de 5,8 millones de fotomultas no tendrían validez jurídica y deberán ser revocadas de manera inmediata debido a fallas en el cumplimiento de requisitos técnicos exigidos por la normatividad vigente.
El hallazgo se produjo luego de identificar irregularidades relacionadas con el uso de cámaras de detección electrónica que operaron sin contar con el denominado “concepto de desempeño de la tecnología”, un requisito obligatorio establecido en la Resolución 718 de 2018 para garantizar la legalidad y confiabilidad de estos dispositivos.
El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeres, explicó que las investigaciones permitieron detectar tres fallas recurrentes: organismos de tránsito que nunca obtuvieron la autorización técnica, permisos gestionados a nombre de operadores privados en lugar de las autoridades oficiales y cámaras que empezaron a funcionar antes de recibir aprobación.
“Encontramos que se habían impuesto cerca de 7 millones de comparendos sin cumplir uno de los requisitos fundamentales”, señaló el funcionario, al advertir que las entidades involucradas deberán eliminar las multas pendientes de pago de plataformas oficiales como el SIMIT y asumir sanciones económicas equivalentes al doble de lo recaudado.
Entre los casos más representativos aparece Cali, donde, según la investigación, la autoridad de tránsito no habría obtenido el concepto técnico exigido. Esto implicaría que las fotomultas impuestas entre diciembre de 2018 y noviembre de 2024 perderían validez.
En la Gobernación de Cundinamarca, la situación también generó preocupación, pues comparendos emitidos entre 2018 y 2024 serían anulados tras establecerse que el permiso fue tramitado a nombre de un tercero. Mientras tanto, en Barranquilla, la revocatoria cobijaría multas impuestas entre diciembre de 2018 y noviembre de 2020 por cámaras que operaban sin certificación técnica.
El proceso también avanza en Medellín y Bogotá, donde algunas cámaras comenzaron a operar antes de obtener autorización oficial. Solo en Medellín están bajo revisión más de 717 mil comparendos originados por 40 dispositivos electrónicos.
La Superintendencia aclaró que quienes no hayan pagado las multas no deberán hacer trámites adicionales, ya que estas deberán ser retiradas automáticamente de los sistemas oficiales. Sin embargo, los ciudadanos que ya cancelaron los comparendos tendrán que iniciar procesos legales, como derechos de petición, tutelas o demandas por “pago de lo no debido”, para solicitar devoluciones.
El Gobierno Nacional insistió en que las fotomultas no son ilegales, pero enfatizó que su implementación debe respetar estrictamente las condiciones técnicas y jurídicas. Según estimaciones oficiales, la medida podría beneficiar a cerca de 1,4 millones de conductores y representar la anulación de sanciones por unos 3,2 billones de pesos.
