jueves, mayo 14, 2026
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Petro autoriza traslado de actores armados a zonas de ubicación temporal

El presidente Gustavo Petro autorizó avanzar en el traslado de integrantes de grupos armados ilegales hacia cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), luego de sostener una reunión con el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, y los jefes de los equipos negociadores del Gobierno Nacional.

El encuentro se realizó después de que la Fiscalía decidiera no suspender 29 órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo que buscaban ingresar a estos espacios definidos dentro de los procesos de diálogo y paz adelantados por el Ejecutivo.

Durante la reunión, delegados de las distintas mesas de negociación presentaron informes relacionados con los avances, dificultades y estado actual de las conversaciones con diferentes organizaciones armadas ilegales que operan en varias regiones del país.

Según informó el Gobierno, el mandatario impartió nuevas instrucciones para fortalecer la implementación de los procesos de paz y avanzar en estrategias orientadas al tránsito hacia la vida civil de integrantes de estas estructuras.

Tras el encuentro, Petro autorizó acelerar el traslado de miembros de organizaciones armadas hacia cinco Zonas de Ubicación Temporal, creadas para facilitar la concentración y seguimiento de los compromisos adquiridos dentro de los diálogos.

El presidente aclaró que, en esta primera etapa, no podrán ingresar personas que tengan órdenes de captura vigentes con fines de extradición. Sin embargo, señaló que posteriormente se evaluará la posibilidad de ampliar las autorizaciones dependiendo de las condiciones jurídicas y de seguridad.

Las zonas autorizadas estarán ubicadas en Catatumbo, Norte de Santander, en el marco de las conversaciones con las disidencias lideradas por alias “Calarcá”; en Nariño con Comuneros del Sur; en Córdoba durante el proceso sociojurídico con el Clan del Golfo; y dos más con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, ubicadas en Nariño y Putumayo.

El Gobierno reiteró que la dirección de la política de paz y orden público corresponde exclusivamente al presidente de la República.

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