miércoles, abril 15, 2026
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Suspensión de empresas de seguridad en el Huila por presunta infiltración criminal

Tres empresas de seguridad privada con operaciones en el Huila quedaron incluidas en la suspensión de licencias ordenada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, tras evidenciarse posibles vínculos con estructuras criminales. Dos de estas firmas prestaban servicios en Neiva al momento de la medida.

La decisión hace parte de una actuación administrativa que alcanzó a 31 empresas en distintas regiones del país, luego de comprobarse que algunas compañías del sector estarían siendo utilizadas como fachada para actividades ilícitas, pese a contar con permisos legales de funcionamiento.

Fachada para actividades ilegales

De acuerdo con las investigaciones, estas licencias habrían sido usadas para facilitar el transporte de elementos prohibidos, el lavado de activos y labores de inteligencia al servicio de organizaciones delincuenciales, bajo la apariencia de operaciones legales de vigilancia.

En el listado nacional figuran empresas como OL Security Group, 360 Grados Seguridad, Marshall Security MS, Seguridad Sara, Clock Security, Vinalseg, Pretorian Security y Blink Seguridad, entre otras. También aparecen Atenas Seguridad Privada Ltda. y Maximus Seguridad Privada Ltda., con sede en Barranquilla, a las que ya se les canceló la licencia en primera instancia debido a la gravedad de los hallazgos.

Reacción del Gobierno

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la medida, señalando que el objetivo es evitar que los permisos otorgados por el Estado terminen siendo utilizados para fortalecer estructuras criminales a través de empresas de seguridad.

La Superintendencia confirmó que el proceso de revisión continúa y que al menos ocho empresas más se encuentran en etapa avanzada de investigación, por lo que podrían enfrentar sanciones similares en los próximos días.

Llamado a usuarios

Las autoridades hicieron un llamado a empresas y ciudadanos en Neiva y otros municipios del Huila para que verifiquen el estado legal de las compañías de vigilancia contratadas y adopten medidas oportunas frente a la suspensión de servicios, con el fin de evitar riesgos en materia de seguridad.

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