Por: Wilder Echavarría Arango
Columnista de opinión
En Colombia la lucha contra la corrupción parece haberse convertido en un espectáculo de conveniencia más que en un ejercicio serio de justicia. El caso de Laura Mejía Higuita, confesa delincuente e implicada en el proceso de Parques de las Aguas, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿se está premiando a quienes delinquen con contratos y favores burocráticos a cambio de testimonios útiles? Mientras la ciudadanía exige sanciones ejemplares, el Estado da la impresión de abrirles nuevas puertas, financiadas, paradójicamente, con los mismos recursos públicos que deberían protegerse.
La hoja de vida de Mejía Higuita revela un hecho que resulta aún más inquietante. Tras reconocer delitos contra la administración pública para obtener beneficios judiciales, terminó teniendo acceso a formación institucional en el departamento de Antioquia, nada más y nada menos que en la Contraloría departamental.
Es decir, quien confesó haber atentado contra el erario terminó vinculada a una entidad cuya misión es vigilar su correcta administración. A esto se suma que la hoy denominada “testigo estrella” firmó múltiples contratos de asistencia técnica. Estos vínculos, suscritos con el diputado del partido político Creemos, Andrés Felipe Bedoya Rendón, actualmente candidato al Senado dentro del equipo del exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez, abren un debate profundo sobre la ética política y el uso de las redes de poder para reciclar actores cuestionados.
Más allá de la legalidad formal, lo que está en juego es la legitimidad institucional. Si los llamados “testigos estrella” terminan convertidos en contratistas privilegiados, el mensaje para el país es devastador: delinquir puede resultar rentable si se sabe negociar información.
Esta lógica no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que incentiva la instrumentalización de la justicia, premia la delación sin exigir reparación efectiva y deja en segundo plano los derechos de la sociedad.
Colombia necesita respuestas claras y controles reales. No basta con invocar la colaboración con la justicia cuando los hechos sugieren clientelismo, favores políticos y la captura de instituciones. La transparencia debe ser absoluta, especialmente cuando se trata de recursos públicos y de personas que han reconocido su responsabilidad penal. De lo contrario, la lucha contra la corrupción seguirá siendo una piñata en la que cambian los protagonistas, pero no las prácticas.
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